El exfiscal Francisco González Arredondo, que lleva casi dos meses preso, ha sido diagnosticado con depresión, trastorno de ansiedad, gastritis y pérdida de peso
La salud de Francisco González Arredondo, exfiscal anticorrupción que ha sido encarcelado por el Gobierno de Chihuahua, Estado al norte de México, se ha deteriorado, al cumplir dos meses recluido en la prisión de Aquiles Serdán. González Arredondo, que se encargó de investigar los actos de corrupción cometidos durante el Gobierno del priista César Duarte, ha sido acusado por la actual Administración estatal de haber torturado psicológicamente a los cómplices del exmandatario. Un peritaje clínico solicitado por su defensa, a cuyos resultados ha tenido acceso este diario, muestra que el exfiscal padece de múltiples afectaciones: pérdida de ocho kilos de peso, trastorno de ansiedad, depresión grave y lumbalgia aguda; el médico también identificó pensamientos suicidas. Sus abogados señalan que la detención del exfiscal responde a una venganza política y exigen su liberación, dados los riesgos que corre su salud y su propia vida.
El certificado médico, emitido el pasado 4 de enero, agrega que González Arredondo sufre de trastorno de sueño, parestesia nocturna, crisis de ansiedad, taquicardias, “así como intranquilidad, inquietud, nerviosismo, preocupación excesiva, miedos irracionales, incluyendo ideas catastróficas y pensamientos suicidas”. El abogado Iker Ibarreche, que encabeza a la defensa legal, señala que González Arredondo pasa encerrado 23 horas del día en su celda. Las autoridades penitenciarias argumentan que el encierro extremo tiene el objeto de proteger su integridad. Para Ibarreche, en principio, el exfiscal nunca debió ser enviado a la misma prisión donde purgan condenas varios sujetos que fueron perseguidos y llevados ante la justicia por el propio González Arredondo a lo largo de su trayectoria de 16 años en la Fiscalía estatal. Miembros del equipo legal dijeron a este medio que el exfiscal ha dejado de comer por temor a que le hagan daño a través de los alimentos.
El abogado sostiene que no hay justificación para que el exfiscal haya sido enviado a prisión preventiva mientras la Fiscalía concluye la investigación complementaria en su contra. “La jueza Hortensia García Rodríguez nunca ponderó que no existía la necesidad de dejarlo en prisión preventiva, con todas las implicaciones que una prisión preventiva implica para una persona, no solo en cuanto a cuestiones de su libertad y su trabajo, sino también a cuestiones de salud. Por eso es que la prisión preventiva siempre tiene que ser la última instancia”, dice en entrevista.
La jueza impuso dicha medida cautelar —que es considerada excesivamente punitiva por organizaciones de derechos humanos— tras considerar que González Arredondo podría obstaculizar las investigaciones en su contra por haber trabajado 16 años en la Fiscalía (no obstante que desde finales de 2021 dejó la institución y se dedicó a la academia). La jueza también señaló que el exfiscal podría influir en los denunciantes, a pesar de que estos señalaron que no volvieron a tener contacto con él desde noviembre de 2018. De igual modo, consideró que existía riesgo de que González Arredondo se diera a la fuga, aun cuando el exfiscal demostró tener arraigo en la ciudad de Delicias, donde tiene su domicilio y da clases.
“La actuación de la jueza fue absolutamente desproporcionada. Ella debía hacer una ponderación entre cuáles son los supuestos riesgos que existen y todas las implicaciones negativas que tiene la aplicación de la prisión preventiva”, dice Ibarreche. “La Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Suprema Corte de Justicia de México han establecido que es una medida de última instancia, es decir, si tú como juez encuentras otros mecanismos para neutralizar esos supuestos riesgos, tienes que privilegiarlos. En este caso, esos supuestos riesgos nunca se justificaron”.
En diciembre, la Fiscalía General de la República (FGR) ordenó a la Fiscalía de Chihuahua entregarle el expediente del caso contra González Arredondo, puesto que los asuntos de tortura son de competencia federal. Se trataba de una instrucción del presidente Andrés Manuel López Obrador, que ve en este asunto una venganza política del Gobierno de Campos Galván contra los exfuncionarios que se atrevieron a investigar la corrupción del pasado.
La Fiscalía de Campos se ha negado a ceder la investigación. La defensa del exfiscal promovió un recurso legal ante la negativa institucional. Este miércoles, un juez federal ordenó a la justicia local que le haga entrega de las constancias del caso, y a la Fiscalía estatal que remita la carpeta a la FGR en un plazo de tres días, según ha confirmado Ibarreche. La defensa prevé que la justicia de Chihuahua volverá a emitir una negativa, que será recurrida ahora ante un tribunal federal colegiado para que resuelva, en definitiva, quién —si la Federación o el Estado— tiene la competencia para tener el expediente de González Arredondo.
Los abogados del exfiscal confían en que la FGR atraiga el caso y declare el cierre el expediente, al observar las irregularidades cometidas por la Fiscalía local. De ser así, González Arredondo podría recuperar su libertad. Esta justamente es la misma razón por la que el Gobierno de Campos no quiere ceder la investigación, a decir de los defensores. Ibarreche ha advertido de que las acusaciones de tortura psicológica contra el exfiscal tienen la finalidad de desvirtuar los expedientes que este armó sobre Duarte y la propia Campos, que fue señalada en esas investigaciones de cobrar sobornos de parte del exgobernador priista cuando ella era diputada del Congreso de Chihuahua.
