Algo de desvergüenza o candor alimenta los veredictos contra la reforma judicial. -Pondrá la justicia en manos de los más ricos -afirman los ingenuos que desconocen al presente titiritero. -Se apoderarán los iletrados de tan noble labor -aseveran los soberbios, sin haber echado un vistazo al proyecto propuesto. La legislación establecerá los requisitos mínimos de especialización deseables.

Empiezo por el pasado remoto. Un 8 de julio de 2020, César Duarte -exgobernador de Chihuahua, acusado por más de 21 cargos de corrupción y fraude- fue arrestado en Estados Unidos gracias a dos órdenes de aprehensión que derivaron en una Ficha Roja de la Interpol. Dos años después, tras una avalancha de maniobras legales que buscaban impedirlo, fue extraditado a México.

Por aquellos días, Maru Campos -gobernadora del estado grande desde 2021, vinculada a proceso por formar parte de la nómina secreta de Duarte-, proclamaba: ¡No habrá perdón ni olvido para el exgobernador! La Fiscalía del estado, mientras tanto, pidió, y el juez ordenó, la prisión preventiva justificada. Le había llevado tres años su captura: el riesgo de fuga era una obviedad.

Pero cuando despertamos, el señor andaba suelto, bien suelto.

Es turno del pasado reciente. El día 4 de este mes, Hortensia García Rodríguez -jueza local que ha operado en favor de Maru Campos y en contra de quienes osaron perseguir a Duarte durante la Operación Justicia para Chihuahua- permitió al inculpado continuar su proceso en libertad. Sí, el ex prófugo que intimidaba testigos se tornó, de súbito, confiable. Apenas dos días después de que los chihuahuenses pudieran votar contra su gobernadora en las recientes elecciones. ¿Coincidencia? Ya lo advertía Aguilar Camín en La Guerra de Galio: en política, no hay peor pecado que la ingenuidad.

La razón argüida por la jueza para revocar la medida radica en que Duarte, contraviniendo lo que dicta la Constitución, había pasado más de 2 años en prisión preventiva.

¿Las irregularidades del caso? Al menos tres. Primero, la medida fue revocada sin audiencia de por medio. Una anomalía. Segundo, la limitación de 2 años solo es aplicable si la dilación no fue causada por el propio imputado, o sus abogados, en ejercicio de su defensa. Tercero, que en nuestro país la ley no es la práctica. Lo ordinario es que las personas permanezcan en prisión preventiva por más de 2 años. Como ejemplo, tenemos el caso de Israel Vallarta, vinculado a proceso por el caso Cassez hace 18 años. Lo de Duarte es una puesta en escena.

Llevamos tiempo sabiéndolo. Una jueza federal y dos juzgadoras locales de Chihuahua, así como el fiscal general del estado -obligado a impugnar el cambio de medida cautelar en favor del exgobernador y beneficiario de la nómina secreta de Duarte-, están cooptados por las redes de influencia y control político del exgobernador y de Maru Campos.

Es Chihuahua solo un botón que confirma la cruenta verdad. El edificio de justicia del país entero arde en llamas: quien quiera verlas, que las vea. El Presidente y su sucesora las han avistado. Con el inmueble al rojo vivo, han desarrollado un diagnóstico y un plan. El diagnóstico es pertinente y público. ¿La ineludible solución? Polémica y perfectible.

El Presidente, por su lado, propone refundar la Corte, renovar a los impartidores (la palabra es imprecisa) de justicia, garantizar justicia pronta y expedita y crear un órgano de disciplina judicial. Sheinbaum, por su parte, ha propuesto un modelo nacional de fiscalías, de defensorías públicas, de justicia cívica y alternativa y para regular la abogacía. Mucho más que la bola de humo lanzada como distractor.

De la correcta implementación de ambos paquetes de reformas dependerá el fin de nuestra justicia ilusoria. Mientras tanto, César Duarte anda suelto.

Fuente: https://www.reforma.com/cesar-duarte-anda-suelto-2024-06-22/op273337