{"id":36212,"date":"2015-09-20T08:52:10","date_gmt":"2015-09-20T13:52:10","guid":{"rendered":"http:\/\/192.241.211.176\/?p=36212"},"modified":"2020-07-06T22:00:16","modified_gmt":"2020-07-07T04:00:16","slug":"derecho-de-replica-el-meollo-del-asunto","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/javiercorral.org\/archivo\/?p=36212","title":{"rendered":"Derecho de R\u00e9plica: el meollo del asunto"},"content":{"rendered":"<p>Javier Corral Jurado | La Silla Rota<\/p>\n<p>El jueves pasado en la C\u00e1mara de Diputados se produjo un hecho inesperado para lo temprano de la legislatura que inici\u00f3 sus trabajos el pasado 1 de septiembre. Una advertencia de enorme esperanza no s\u00f3lo para el derecho a la informaci\u00f3n sino para el futuro democr\u00e1tico de M\u00e9xico: diputados del PAN, PRD, Movimiento Ciudadano y Morena convergieron inusitadamente en una advertencia a la C\u00e1mara de Senadores: si la minuta que crea una nueva ley de derecho de r\u00e9plica no se corrige y endereza su protecci\u00f3n a los ciudadanos y no a las televisoras, promover\u00e1n una iniciativa que la enmiende, al minuto siguiente de que entre en vigor.<\/p>\n<p>A la cabeza de tal resistencia y en nombre de sus bancadas &#8211; nadie vaya a pensar que s\u00f3lo a t\u00edtulo personal &#8211; se colocaron, por el PAN Gustavo Madero, Virgilio Caballero por MORENA, Guadalupe Acosta Naranjo por el PRD y C\u00e9sar Cervera por Movimiento Ciudadano. El anuncio tiene una explicaci\u00f3n: estamos a punto de que un asunto que ha esperado d\u00e9cadas para ser garantizado en la legislaci\u00f3n, sucumba por la presi\u00f3n grosera de las televisoras, ambici\u00f3n insaciable de poder y dinero, que parece imponerse de nueva cuenta para lograr un traje a su medida.<\/p>\n<p>Ha sido dif\u00edcil concretar en nuestro pa\u00eds un ordenamiento legal que garantice a los ciudadanos ejercer eficazmente el derecho de r\u00e9plica frente a informaciones falsas o calumniosas en los medios de comunicaci\u00f3n. Esa ha sido una ostra muy dura de abrir, no obstante que atiende uno de los aspectos m\u00e1s importantes de la eminente dignidad de la persona humana: la defensa de su honor, su imagen y reputaci\u00f3n personal. Porque los intereses m\u00e1s corruptores de la pol\u00edtica se han identificado hist\u00f3ricamente con las resistencias m\u00e1s impunes del sector de la radiodifusi\u00f3n, particularmente de las televisoras; las que imponen ritmo y medida a la legislaci\u00f3n cuando de sus intereses se trata.<\/p>\n<p>Para los medios impresos el derecho de r\u00e9plica existe desde 1917, qued\u00f3 plasmado en el art\u00edculo 27 de la vetusta Ley sobre delitos de imprenta de Venustiano Carranza. No s\u00f3lo la concepci\u00f3n moral de aquella \u00e9poca, sino sobre todo su car\u00e1cter penal y sus limitados sujetos obligados &#8211; la prensa -, la hicieron ineficaz y desfasada frente a los avances tecnol\u00f3gicos de los multimedia.<\/p>\n<p>En 1966 nuestro pa\u00eds se adhiri\u00f3 a diversos tratados internacionales que desarrollaron el derecho de r\u00e9plica, como la convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos y el Pacto de Derechos Civiles y Pol\u00edticos. Ambos instrumentos los ratific\u00f3 el Senado en 1980, pero tampoco se homolog\u00f3 la legislaci\u00f3n secundaria.<\/p>\n<p>En el 2007 se reform\u00f3 la Constituci\u00f3n y ah\u00ed se introdujo el derecho de r\u00e9plica en el art\u00edculo 6to, reconoci\u00e9ndolo como un derecho humano esencial y correlativo a los de libertad de expresi\u00f3n y de informaci\u00f3n. Se dio plazo de treinta d\u00edas para desarrollarlo en la ley, lo cual no aconteci\u00f3.\u00a0 En el 2011 con motivo de la reforma constitucional en Telecomunicaciones, se orden\u00f3 mediante transitorio elaborar la ley reglamentaria del derecho de r\u00e9plica en un plazo de 180 d\u00edas.<\/p>\n<p>La C\u00e1mara de Diputados tom\u00f3 a su cargo el mandato constitucional y se dio a la tarea de concretar la legislaci\u00f3n para garantizar, presumiblemente, el derecho de r\u00e9plica. De la mano de las televisoras varios legisladores tanto del PRI, del Partido Verde como del PAN confeccionaron e hicieron aprobar entre sus bancadas el proyecto de nueva ley en diciembre de 2013. La base del proyecto fue la iniciativa presentada por Arturo Escobar, personero de Televisa y hoy &#8211; para acentuar el descr\u00e9dito del gobierno en materia de legalidad y justicia &#8211; subsecretario de Gobernaci\u00f3n para la prevenci\u00f3n del delito.<\/p>\n<p>Pas\u00f3 al Senado como minuta y hubo la intentona de hacerla aprobar tambi\u00e9n en <em>fast track<\/em> ese mismo mes, antes de que cerrara el periodo legislativo. Pero varios senadores la detuvimos; advertimos sus inconsistencias y el nulo resultado que al final del procedimiento planteado ofrec\u00eda la ley para las personas.<\/p>\n<p>No obstante que ya lleva en el Senado un a\u00f1o y nueve meses y que en varias ocasiones se han planteado propuestas para corregirla y mejorarla, el pasado 31 de agosto se intent\u00f3 un albazo legislativo por parte de las Comisiones de Gobernaci\u00f3n y Justicia para aprobarla en sus t\u00e9rminos. Las televisoras no han cedido ni una coma en relaci\u00f3n con el proyecto que impusieron a los diputados, y el gobierno y su partido se han resignado a tal designio. Ahora presionan a las dem\u00e1s bancadas para que se apruebe; lo hacen en nombre del &#8220;inconcebible retraso&#8221; y a trav\u00e9s de los personeros del duopolio, metidos transversalmente entre la oposici\u00f3n senatorial.<\/p>\n<p>El proyecto de ley no cumple con una caracter\u00edstica fundamental del derecho de r\u00e9plica, que es la oportunidad y expedites con el que \u00e9ste debe ejercerse para resarcir lo m\u00e1s pronto que sea posible cualquier informaci\u00f3n falsa o calumniosa que lesione la dignidad y el honor de una persona.<\/p>\n<p>Las dos etapas previstas para su desahogo tienen plazos demasiado largos: ante el propio medio de comunicaci\u00f3n, siete d\u00edas, y ante la autoridad judicial como segunda instancia, 12 d\u00edas; siempre y cuando frente a \u00e9sta segunda instancia no se recurra al juicio de amparo, lo que coloca su ejercicio en un tiempo indefinido, haciendo al final de cuentas nugatorio el eficaz ejercicio del derecho.<\/p>\n<p>Problema toral es la precaria definici\u00f3n de derecho de r\u00e9plica, que limita el alcance del ejercicio de un derecho humano esencial. Establece que ese derecho s\u00f3lo es respecto a hechos inexactos y\/o falsos. No se contempla la complejidad de la r\u00e9plica que puede implicar:<\/p>\n<p>1) rectificaciones de hechos inexactos o falsos;<\/p>\n<p>2) aclaraciones de puntos de vista y opiniones que resulten \u201cagraviantes\u201d; y,<\/p>\n<p>3) respuestas de diverso tipo que las personas pueden hacer a los medios respecto a informaciones \u201cagraviantes\u201d. El dictamen regula un derecho de rectificaci\u00f3n pero no uno de r\u00e9plica, pues deja fuera a las alusiones y opiniones y, restringe en otros preceptos (art\u00edculo 5), la r\u00e9plica contra la cr\u00edtica period\u00edstica \u2013solo las personas f\u00edsicas y morales pueden promoverla en ese caso, excluyendo a colectivos sin personalidad jur\u00eddica-.<\/p>\n<p>La norma ser\u00eda violatoria del art\u00edculo 14 de la Convenci\u00f3n Americana sobre Derechos Humanos que extiende la r\u00e9plica a supuestos que van m\u00e1s all\u00e1 de hechos inexactos o falsos \u2013 contra toda informaci\u00f3n \u201cagraviante\u201d y tambi\u00e9n respecto a la informaci\u00f3n cinematogr\u00e1fica-. Adem\u00e1s, la disposici\u00f3n violenta el derecho de las audiencias previsto en el art\u00edculo 6\u00b0 apartado B, fracci\u00f3n VI de la Constituci\u00f3n porque los derechos humanos son interdependientes y, el derecho al honor o a la intimidad de las personas que es protegido por la r\u00e9plica, est\u00e1 tambi\u00e9n vinculado a todos los derechos que tienen relaci\u00f3n con la libertad de expresi\u00f3n y el derecho a la informaci\u00f3n.<\/p>\n<p>En el proyecto que defiende el duopolio de la Televisi\u00f3n tampoco se establece la posibilidad de solicitar r\u00e9plicas cuando la informaci\u00f3n falsa o inexacta afecte a grupos sociales, por lo que se propone que en el art\u00edculo 3 se incluya la figura del inter\u00e9s leg\u00edtimo, con la intenci\u00f3n de que grupos sociales, como las ONG\u2019s, tenga posibilidad a solicitar la r\u00e9plica en asuntos donde sean aludidos.<\/p>\n<p>La reforma al art\u00edculo 107 constitucional, publicada en el Diario Oficial de la Federaci\u00f3n el 6 de junio de 2011, adem\u00e1s de considerar el concepto de inter\u00e9s jur\u00eddico incluy\u00f3 el de inter\u00e9s leg\u00edtimo.<\/p>\n<p>El inter\u00e9s jur\u00eddico se presenta cuando una persona, por alguna acci\u00f3n u omisi\u00f3n del Estado, ve afectada su esfera jur\u00eddica en alg\u00fan sentido. En cambio, el inter\u00e9s leg\u00edtimo se define como aquel inter\u00e9s personal, individual o colectivo, cualificado, actual, real y jur\u00eddicamente relevante, que puede ser de \u00edndole econ\u00f3mica, profesional, de salud p\u00fablica, o de cualquier otra.<\/p>\n<p>Al proponer que la ley contemple el inter\u00e9s leg\u00edtimo se hace con la intenci\u00f3n de que los grupos sociales que se vean afectados por una alusi\u00f3n al grupo y no a personas individuales puedan solicitar la r\u00e9plica, por ejemplo, cuando alg\u00fan medio de comunicaci\u00f3n se\u00f1ala a los miembros de un colectivo, sin referirse a persona alguna, la ley no considera que ellos hayan sido se\u00f1alados por lo que no proceder\u00e1 la r\u00e9plica.<\/p>\n<p>La minuta habla de \u201cpersona\u201d, la cual desde la teor\u00eda del derecho se refiere a las personas f\u00edsicas y a las personas morales o jur\u00eddicas colectivas.<\/p>\n<p>En el caso de las jur\u00eddicas colectivas o morales, pueden tener una doble dimensi\u00f3n, es decir, una misma persona moral puede actuar en relaciones de coordinaci\u00f3n o suprasubordinaci\u00f3n, es decir, pueden actuar como personas con derechos y obligaciones o como autoridad.<\/p>\n<p>Adicionalmente judicializar el procedimiento implica la contrataci\u00f3n de los servicios de un abogado as\u00ed como someterse a procedimientos complicados, por lo que es indispensable pensar en un procedimiento administrativo que permita la posibilidad de contar pronto con una resoluci\u00f3n de una autoridad. Aunque luego tambi\u00e9n, pueda ser motivo de procedimiento judicial.<\/p>\n<p>De ah\u00ed que el principal planteamiento de quienes impugnamos esa minuta sea proponer, antes de que se inicie un procedimiento judicial, un procedimiento administrativo para que recaiga de inmediato sobre la exigencia ciudadana la definici\u00f3n de una autoridad sobre el otorgamiento o no del derecho de r\u00e9plica. Lo importante es que esa decisi\u00f3n se produzca en un plazo no mayor de 6 d\u00edas y que en caso de encontrar oposici\u00f3n de cualquiera de las partes pueda desahogarse mediante juicio de amparo indirecto. Pero entonces, el ciudadano ya tendr\u00e1 &#8211; si le asiste la raz\u00f3n -, una decisi\u00f3n de autoridad en su favor con lo cual abrirse paso frente a la calumnia y la informaci\u00f3n falsa.<\/p>\n<p>Los personeros del duopolio televisivo han blandido una serie de falacias legales, y en el colmo del enga\u00f1o se han atrevido a sostener que toda resoluci\u00f3n de \u00e1mbito administrativo debe ser impugnada previamente en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y no puede ser combatida de manera seguida en amparo indirecto.<\/p>\n<p>Desconocen que no existe obligaci\u00f3n de agotar tales recursos o medios de defensa si el acto reclamado carece de fundamentaci\u00f3n o cuando s\u00f3lo se aleguen violaciones directas a esta Constituci\u00f3n.<\/p>\n<p>Efectivamente, el juicio de amparo es un medio de control judicial de los actos de autoridad \u2013cualquiera- cuando se violan los derechos humanos y garant\u00edas de los gobernados.<\/p>\n<p>El principio de definitividad, consiste en que para acudir al juicio de amparo deben ser agitados todos los medios ordinarios de defensa, para combatir los actos de la autoridad contrarios a los derechos humanos y sus garant\u00edas.<\/p>\n<p>Sin embargo, es de explorado derecho que las leyes establecen si existen o no medios ordinarios de defensa, tal es el caso de la Ley Federal del Derecho de Autor, que concede al particular la opci\u00f3n de sujetar las controversias que se susciten con motivo de la aplicaci\u00f3n de la ley a los tribunales (art\u00edculo 213) o al procedimiento administrativo de avenencia (art\u00edculo 217).<\/p>\n<p>Por su parte la Corte Interamericana de Derechos Humanos sostiene que \u201cen todos los ordenamientos internos existen m\u00faltiples recursos, pero no todos son aplicables en todas las circunstancias. S\u00ed, en un caso espec\u00edfico, el recurso no es adecuado, es obvio que no hay que agotarlo. As\u00ed lo indica el principio de que la norma est\u00e1 encaminada a producir un efecto y no puede interpretarse en el sentido de que no produzca ninguno o su resultado sea manifiestamente absurdo o irrazonable\u201d.<\/p>\n<p>Por el trazo de lo que quieren aprobar el oficialismo y sus aliados en la oposici\u00f3n, pasan varias ambig\u00fcedades, disposiciones discrecionales y excepciones inadmisibles para los medios. En el art\u00edculo 19 se plantean excepciones inadmisibles por las cuales los medios de comunicaci\u00f3n pueden negarse a llevar a cabo la publicaci\u00f3n o transmisi\u00f3n de la r\u00e9plica.<\/p>\n<p>El derecho de r\u00e9plica por sus caracter\u00edsticas, debe contar con medios eficaces para su correcta realizaci\u00f3n, en ese sentido, es potestad del Congreso dise\u00f1ar un mecanismo para su pronta realizaci\u00f3n, por lo que no existe impedimento constitucional o legal para establecer un procedimiento administrativo y revisi\u00f3n de la legalidad y constitucionalidad v\u00eda juicio de amparo indirecto.<\/p>\n<p>No debemos olvidar que la reforma constitucional en materia de derechos humanos estableci\u00f3 el principio <em>pro homine<\/em>, tambi\u00e9n llamado pro persona, cuya finalidad es imponer la obligaci\u00f3n a toda autoridad de acudir a la norma m\u00e1s protectora y\/o preferir la interpretaci\u00f3n de mayor alcance en favor de las personas. Esta es, precisamente, la <em>litis<\/em> de la cuesti\u00f3n en el derecho de r\u00e9plica. Ser\u00eda desperdiciar una oportunidad hist\u00f3rica, no hacerlo con esa visi\u00f3n. Deber\u00eda ser momento de que los legisladores se impongan por encima de las presiones y los intereses estrictos de los due\u00f1os de la televisi\u00f3n.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Javier Corral Jurado | La Silla Rota El jueves pasado en la C\u00e1mara de Diputados se produjo un hecho inesperado para lo temprano de la legislatura que inici\u00f3 sus trabajos el pasado 1 de septiembre. 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