{"id":19987,"date":"2014-04-08T00:00:00","date_gmt":"2014-04-08T00:00:00","guid":{"rendered":""},"modified":"2020-07-06T21:55:07","modified_gmt":"2020-07-07T03:55:07","slug":"reforma-de-telecomunicaciones-nuevos-perdedores-mismos-ganadores","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/javiercorral.org\/archivo\/?p=19987","title":{"rendered":"Reforma de telecomunicaciones: nuevos perdedores, mismos ganadores"},"content":{"rendered":"<p>La reciente iniciativa del Ejecutivo Federal con la que se pretende reglamentar la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones, apunta a robustecer un patr&oacute;n de inhibici&oacute;n de la libertad de expresi&oacute;n observado en el actual gobierno. Sin soslayar una multiplicidad de aspectos y temas relevantes que forman parte de la discusi&oacute;n actual (competencia econ&oacute;mica, interconexi&oacute;n, medios sociales, &oacute;rgano regulador, entre otros), resaltaremos algunos t&oacute;picos de especial importancia como neutralidad en la red, bloqueo de se&ntilde;ales, geolocalizaci&oacute;n y contenidos. Abordar espec&iacute;ficamente estos temas se justifica en raz&oacute;n de que diversos preceptos de la iniciativa afectan directamente al n&uacute;cleo esencial del derecho a la libertad de expresi&oacute;n, es decir, contraviene la prohibici&oacute;n de censura previa que pesa sobre el Estado.<\/p>\n<p>La prohibici&oacute;n de la censura previa es un aspecto fundamental del derecho humano de libertad de expresi&oacute;n, as&iacute; cualquier restricci&oacute;n que se convierta en un mecanismo directo o indirecto de censura puede implicar la responsabilidad internacional del Estado mexicano. El Comit&eacute; de Derechos Humanos de la ONU mediante su Observaci&oacute;n General 34 estableci&oacute; que &#8220;la existencia de medios de prensa  y otros medios de comunicaci&oacute;n libres exentos de censura y trabas es esencial en cualquier sociedad para asegurar la libre opini&oacute;n y expresi&oacute;n y el goce de otros derechos humanos&#8221;.<\/p>\n<p>Para ARTICLE 19 resulta preocupante la visi&oacute;n que permea en la iniciativa la cual es restrictiva de los derechos humanos a la no discriminaci&oacute;n, libre expresi&oacute;n, acceso a la informaci&oacute;n y al internet libre.  De esta manera, el esquema de radiodifusi&oacute;n y telecomunicaciones planteado en la propuesta legislativa deviene inconstitucional e inconvencional. A continuaci&oacute;n presentamos algunos argumentos que sustentan nuestra posici&oacute;n en contra de la iniciativa:<\/p>\n<p>Neutralidad<\/p>\n<p>El principio de neutralidad en la red es el presupuesto pr&aacute;ctico de los derechos a la no discriminaci&oacute;n, libertad de expresi&oacute;n y acceso a la informaci&oacute;n en los servicios de internet reconocidos en los art&iacute;culos 1&ordm; y 6&ordm; de la Constituci&oacute;n Pol&iacute;tica de los Estados Unidos Mexicanos (Constituci&oacute;n), 1.1 y 13 de la Convenci&oacute;n Americana sobre Derechos Humanos (CADH) y  2.1 y 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Pol&iacute;ticos (PIDCP). Tiene como objetivo defender el supuesto b&aacute;sico a partir del cual ha operado hasta ahora el internet: internet abierto; es decir, que todas las personas, desde cualquier lugar del mundo, puedan acceder a todo tipo de contenido, en todo momento, a trav&eacute;s de internet.<\/p>\n<p>Dicho principio parte de la arquitectura de la red: todos los datos (sin importar procedencia, destino o contenido) viajan a la misma velocidad por la red y est&aacute;n disponibles para todos los usuarios. De esta forma se garantiza el derecho de libertad de expresi&oacute;n y de acceso a la informaci&oacute;n en l&iacute;nea. En este sentido, el art&iacute;culo 6&ordm; aparato B fracci&oacute;n II de la Constituci&oacute;n establece como principios en el acceso p&uacute;blico a las telecomunicaciones la universalidad, pluralidad, libertad de acceso y la prohibici&oacute;n de injerencias arbitrarias. Asimismo la Declaraci&oacute;n Conjunta de Libertad de Expresi&oacute;n e Internet establece: &#8220;El tratamiento de los datos y el tr&aacute;fico de Internet no debe ser objeto de ning&uacute;n tipo de discriminaci&oacute;n en funci&oacute;n de factores como dispositivos, contenido, autor, origen y\/o destino del material, servicio o aplicaci&oacute;n.&#8221;<\/p>\n<p>La violaci&oacute;n del principio de neutralidad de redes supondr&iacute;a: 1) que un tercero bloquee o restrinja el acceso a informaci&oacute;n de una persona; 2) para que eso suceda, se debe conocer el contenido de la informaci&oacute;n con lo que se estar&iacute;a violando la privacidad de las personas y sus comunicaciones; y 3) supondr&iacute;a una injerencia arbitraria y abiertamente discriminatoria.<\/p>\n<p>La experiencia internacional en materia de regulaci&oacute;n de la red demuestra que existe identificaci&oacute;n entre mayor regulaci&oacute;n y reg&iacute;menes o medidas autoritarios. Por esta raz&oacute;n, los expertos sugieren una regulaci&oacute;n m&iacute;nima en la materia, que reconozca el principio de neutralidad en la red como un elemento fundamental en la defensa de la libertad de expresi&oacute;n y al derecho a la no discriminaci&oacute;n; que contenga como m&iacute;nimo: una definici&oacute;n clara del concepto y, que proh&iacute;ba que el acceso a internet o la difusi&oacute;n de cualquier tipo de contenido pueda ser limitada por razones que trasciendan los l&iacute;mites reconocidos constitucional y convencionalmente para el ejercicio de los tres derechos fundamentales ya mencionados.<\/p>\n<p>Estas restricciones injustificadas y desproporcionadas pueden materializarse a partir de la censura en contenidos (previa\/expresa) o a partir de la limitaci&oacute;n de capacidades t&eacute;cnicas que, en los hechos, restrinjan el libre acceso a internet, tanto por el Estado como por cualquier proveedor, concesionario o cualquier tipo de persona que preste el servicio de acceso a internet.<\/p>\n<p>En este caso, la iniciativa de Ley en Telecomunicaciones presentada por el Ejecutivo Federal, en su art&iacute;culo 145 adolece de problemas en materia de regulaci&oacute;n del principio de neutralidad en la red en raz&oacute;n de que dispone que la neutralidad se circunscribe a la legalidad de los contenidos, esto subvierte el principio y se establece un r&eacute;gimen de censura previa. Ello se traducir&iacute;a en claros vicios de convencionalidad y constitucionalidad-expresamente por contravenci&oacute;n a los art&iacute;culos 6&ordm; y 7&ordm; de la Constituci&oacute;n, 13 del CADH y 19 del PIDCP-y violaciones al principio de neutralidad en la red.<\/p>\n<p>Seguridad y telecomunicaciones: Bloqueo de se&ntilde;ales y geolocalizaci&oacute;n<\/p>\n<p>En la iniciativa de ley presentada por el Ejecutivo Federal, las autoridades se arrogan facultades que exceden su mandato constitucional y que podr&iacute;an resultar contraproducentes para el ejercicio de los derechos humanos. El art&iacute;culo 197, fracci&oacute;n VII, establece que los operadores deber&aacute;n: &#8220;bloquear, inhibir o anular de manera temporal las se&ntilde;ales de telecomunicaciones en eventos y lugares cr&iacute;ticos para la seguridad p&uacute;blica y nacional a solicitud de las autoridades competentes&#8221;.<\/p>\n<p>En este sentido la referida Declaraci&oacute;n Conjunta de Libertad de Expresi&oacute;n e Internet, expresa: &#8220;La interrupci&oacute;n del acceso a Internet, o a parte de este, aplicada a poblaciones enteras o a determinados segmentos del p&uacute;blico (cancelaci&oacute;n de Internet) no puede estar justificada en ning&uacute;n caso, ni siquiera por razones de orden p&uacute;blico o seguridad nacional.&#8221;<\/p>\n<p>La ambig&uuml;edad de la redacci&oacute;n de la Ley Federal de Telecomunicaciones, deja dudas sobre el control que tendr&aacute; el Estado para no abusar de esta nueva facultad. De acuerdo a la Ley de Seguridad Nacional en su art&iacute;culo 5&deg; son amenazas a la seguridad nacional los &#8220;Actos tendentes a consumar espionaje, sabotaje, terrorismo, rebeli&oacute;n, traici&oacute;n a la patria, genocidio, en contra de los Estados Unidos Mexicanos dentro del territorio nacional&#8221;. De tal forma que casi cualquier conducta entrar&iacute;a dentro de la descripci&oacute;n, adem&aacute;s de que sancionar&iacute;an meras intenciones y no actos consumados. Dicha ambig&uuml;edad e imprecisi&oacute;n otorga facultades discrecionales de intervenci&oacute;n por parte del Estado que se ampl&iacute;an a&uacute;n m&aacute;s al tambi&eacute;n incluir el concepto de seguridad p&uacute;blica.<\/p>\n<p>Hay que recordar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su opini&oacute;n consultiva OC-5\/85, al interpretar el art&iacute;culo 29 p&aacute;rrafo (a) de la CADH,  ha se&ntilde;alado sobre la restricci&oacute;n de derechos humanos que: &#8220;de ninguna manera podr&iacute;an invocarse el orden p&uacute;blico o el  bien com&uacute;n como medios para suprimir un derecho garantizado por la Convenci&oacute;n o para desnaturalizarlo o privarlo de contenido real (ver el art. 29.a de la Convenci&oacute;n)&#8221;<\/p>\n<p>Esto es preocupante en virtud de que los art&iacute;culos del 189 al 194 establecen, por un lado la retenci&oacute;n de datos de las personas por parte de los proveedores as&iacute; como la posibilidad de acceso a la Procuradur&iacute;a General de la Rep&uacute;blica y las procuradur&iacute;as locales. Por el otro, se faculta para localizaci&oacute;n geogr&aacute;fica en tiempo real sin necesidad de orden judicial o cualquier medida proporcional en casos de delincuencia organizada, delitos contra la salud, secuestro, extorsi&oacute;n o amenazas. Esta atribuci&oacute;n se extiende al CISEN, La Polic&iacute;a Federal, el Ej&eacute;rcito y La Marina para la producci&oacute;n de inteligencia. En este esquema se obliga a los concesionarios a  tener equipos y crear procedimientos mediante los cuales brinden facilidades t&eacute;cnicas para realizar la localizaci&oacute;n geogr&aacute;fica en tiempo real, subordin&aacute;ndolos a las agencias de seguridad del Estado.<\/p>\n<p>Otro aspecto sumamente preocupante es la posibilidad de retener los datos obtenidos por 24 meses (art. 192) mediante un registro que deber&aacute;n tener los concesionarios del servicio. Dicho plazo podr&aacute; extenderse &#8220;por un plazo mayor&#8221; si as&iacute; lo determinan las autoridades competentes, lo cual abre un periodo indefinido de tiempo para mantener la informaci&oacute;n resguardada y a disposici&oacute;n de la autoridad para que la pueda solicitar en cualquier momento.  Esta situaci&oacute;n se agrava ante la inexistencia de un &oacute;rgano o mecanismo de supervisi&oacute;n independiente que garantice el buen uso de los datos mantenidos bajo registro. Debemos mencionar que dentro de la iniciativa las autoridades y los concesionarios no se encuentran obligadas a notificar a los afectados por las medidas de vigilancia de comunicaciones.<\/p>\n<p>Lo anterior cierra un pernicioso precedente que se vincula con la declaraci&oacute;n de constitucionalidad de los art&iacute;culos 133 qu&aacute;ter del C&oacute;digo Federal de Procedimientos Penales, 16 fracci&oacute;n primera apartado A y 40 Bis, de la Ley Federal de Telecomunicaciones por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Naci&oacute;n, as&iacute; como las normas del nuevo C&oacute;digo Nacional de Procedimientos Penales que en ciertos supuestos eximen a la autoridades ministeriales de solicitar una orden judicial para la realizar la geolocalizaci&oacute;n.<\/p>\n<p>Regulaci&oacute;n de contenidos<\/p>\n<p>Sin duda la protecci&oacute;n del derecho a la libertad de expresi&oacute;n aplica a informaciones e ideas de toda &iacute;ndole sin importar su forma de sea oral, escrita, impresa, art&iacute;stica o de cualquier otra forma. El Comit&eacute; de Derechos Humanos ha precisado al referirse de la funci&oacute;n period&iacute;stica que en ella &#8220;participan una amplia variedad de personas, como analistas y reporteros profesionales y de dedicaci&oacute;n exclusiva, autores de blogs y otros que publican por su propia cuenta en medios de prensa, en Internet o por otros medios&#8221;.<\/p>\n<p>De la interpretaci&oacute;n sistem&aacute;tica y arm&oacute;nica del llamado Bloque de Constitucionalidad, la libertad de expresi&oacute;n puede limitarse conforme a lo dispuesto en la CPEUM (art&iacute;culos 6&ordm; y 7&ordm;), PIDCP (art. 19 p. 3 y art. 20) y la CADH (art. 13), deriva la llamada &#8220;prueba tripartita&#8221;, la cual previene que las restricciones al derecho se podr&aacute;n actualizar siempre y cuando:  1) est&aacute;n fijadas en una ley  de forma clara y precisa(principio de reserva de ley); 2) sirvan a alg&uacute;n fin leg&iacute;timo como respeto de los derechos de otras personas, reputaci&oacute;n de otras personas, protecci&oacute;n de la seguridad nacional, orden p&uacute;blico, salud p&uacute;blica y moral p&uacute;blicas, no apolog&iacute;a del odio o de la guerra; y 3 ) cumplan con pruebas estrictas de necesidad y proporcionalidad.<\/p>\n<p>Estas restricciones, en caso de ser vulneradas, son motivo de responsabilidades ulteriores y no de censura previa. La falta de claridad y precisi&oacute;n en la ley sobre las medidas restrictivas a la libertad de expresi&oacute;n puede constituir un elemento inhibidor para el ejercicio de este derecho, ante la incertidumbre jur&iacute;dica sobre las conductas permitidas y prohibidas.<\/p>\n<p>En principio encontramos que el art&iacute;culo 218  recicla disposiciones de la Ley de Radio y Televisi&oacute;n que otorga competencia a la Secretar&iacute;a de Gobernaci&oacute;n para ordenar y administrar m&uacute;ltiples aspectos como tiempos del Estado, himno y hora nacional, tiempos m&aacute;ximos de publicidad, ordenar la transmisi&oacute;n de boletines sobre cuestiones de orden p&uacute;blico y seguridad nacional, uso de lengua extranjera, clasificaci&oacute;n de programas, entre otras.<\/p>\n<p>M&aacute;s preocupante resulta que la fracci&oacute;n VIII del mismo art&iacute;culo 218 reproduce el viejo esquema de control de contenidos por parte de la Secretar&iacute;a de Gobernaci&oacute;n, al otorgarle competencia para vigilar que las transmisiones de radio y televisi&oacute;n respeten los derechos y bienes bajo los cuales es susceptible restringir la libertad de expresi&oacute;n.<\/p>\n<p>Si bien el art&iacute;culo 221 obliga a esta dependencia a dar aviso a IFETEL para que tome las medidas conducentes, de entrada supedita a este &oacute;rgano regulador a la informaci&oacute;n y valoraci&oacute;n del Poder Ejecutivo. De esta manera se afecta la obligaci&oacute;n de brindar total independencia al &oacute;rgano encargado de supervisi&oacute;n de contenidos. Cabe recordar que los Principios de Camden sobre la Libertad de Expresi&oacute;n y la Igualdad, en su numeral 5,1 inciso (i) establece que el marco regulatorio de los medios se deber&aacute; encargar a organismos que sean independientes del gobierno, p&uacute;blicamente responsables y que operen de manera transparente.<\/p>\n<p>El art&iacute;culo 224 establece las pautas bajo las cuales se deben difundir ciertos contenidos: 1) propiciar el uso correcto del idioma; 2) contribuir a la integraci&oacute;n familiar; 3) el desarrollo arm&oacute;nico de la ni&ntilde;ez; 4) al mejoramiento de los sistemas educativos; 5) a la difusi&oacute;n de los valores art&iacute;sticos, hist&oacute;ricos y culturales; 6) al desarrollo sustentable y 7) a la difusi&oacute;n de las ideas que afirmen nuestra unidad nacional.<\/p>\n<p>Conforme ha resaltado la Relator&iacute;a Especial para la Libertad de Expresi&oacute;n de la CIDH, la existencia de una presunci&oacute;n de cobertura ab initio para todo tipo de expresiones incluye los discursos considerados ofensivos, chocantes o perturbadores, es decir que, sin importar la mayor o menor aceptaci&oacute;n social o estatal del contenido de la informaci&oacute;n se debe garantizar su protecci&oacute;n. As&iacute; el Estado no s&oacute;lo debe evitar censurar o controlar contenidos sino que bajo su deber primario de neutralidad tiene que garantizar que, en principio, no existan personas, grupos, ideas o medios de expresi&oacute;n excluidos a priori del debate p&uacute;blico.<\/p>\n<p>Bajo esta premisa la imprecisi&oacute;n de enunciados normativos como &#8220;uso correcto del idioma&#8221;, &#8220;integraci&oacute;n familiar&#8221; e &#8220;ideas que propicien la unidad nacional&#8221; pueden generar un efecto inhibidor en tanto que su indeterminaci&oacute;n y falta de claridad se presta a m&uacute;ltiples interpretaciones,  adem&aacute;s de que prima facie no configuran categor&iacute;as que se vinculen con los fines leg&iacute;timos perseguidos al restringir el derecho a la libertad de expresi&oacute;n: respeto a derechos de terceros, reputaci&oacute;n, seguridad nacional, salud, moral y orden p&uacute;blicos.<\/p>\n<p>En cuanto al resto de las categor&iacute;as: desarrollo sustentable, desarrollo arm&oacute;nico de la ni&ntilde;ez, sistema educativo, valores art&iacute;sticos, hist&oacute;ricos y culturales; aunque pueden considerarse leg&iacute;timas, tambi&eacute;n requieren definici&oacute;n estricta en la ley. No debemos pasar por alto que la definici&oacute;n de estos conceptos deber&aacute; tener como caracter&iacute;stica primordial la promoci&oacute;n del pluralismo, la no discriminaci&oacute;n y la igualdad en el acceso al ejercicio de derechos.<\/p>\n<p>Conclusiones<\/p>\n<p>La iniciativa de ley secundaria presentada por el Ejecutivo Federal deja como saldo nuevos perdedores y los mismos ganadores del sistema actual. Por un lado no rompe el equilibrio monop&oacute;lico actual por el hecho de abandonar a los medios p&uacute;blicos y quitarle facultades al &oacute;rgano regulador. Por el otro establece un r&eacute;gimen de censura previa por tres caminos: 1) ampliaci&oacute;n de facultades de control de comunicaciones por parte del gobierno; 2) restricci&oacute;n de derechos de las personas ya consagrados en la Constituci&oacute;n y; 3) mantiene el statu quo<\/p>\n<p>En suma,  todas estas disposiciones apuntan claramente a la inconstitucionalidad; atentando contra el principio pro persona y la progresividad de los derechos humanos en raz&oacute;n de su restricci&oacute;n desproporcionada. Las medidas de vigilancia y desconexi&oacute;n de comunicaciones as&iacute; como la regulaci&oacute;n de contenidos bajo par&aacute;metros ambiguos, tendr&aacute;n como consecuencia un efecto inhibidor de los derechos a la libertad de  expresi&oacute;n y acceso a la informaci&oacute;n, perfilando la construcci&oacute;n de un Estado polic&iacute;a con capacidades omn&iacute;modas.<\/p>\n<p>De esta manera, la presentaci&oacute;n por parte del Ejecutivo Federal de una iniciativa que ataca frontalmente el pleno ejercicio del derecho a la libertad de expresi&oacute;n debe ser atajada por el Legislativo, en tanto Poder del Estado que tiene la obligaci&oacute;n de tutelar derechos fundamentales bajo los est&aacute;ndares previa y claramente establecidos en la Constituci&oacute;n y los tratados internacionales de los que M&eacute;xico es parte. De lo contrario, la aprobaci&oacute;n de esta iniciativa, significar&iacute;a un retroceso grave en el ejercicio de derechos fundamentales y en la construcci&oacute;n de una verdadera sociedad democr&aacute;tica.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La reciente iniciativa del Ejecutivo Federal con la que se pretende reglamentar la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones, apunta a robustecer un patr&oacute;n de inhibici&oacute;n de la libertad de expresi&oacute;n observado en el actual gobierno. Sin soslayar una multiplicidad de aspectos y temas relevantes que forman parte de la discusi&oacute;n actual (competencia econ&oacute;mica, interconexi&oacute;n, &hellip;<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":23447,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[25],"tags":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/javiercorral.org\/archivo\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/19987"}],"collection":[{"href":"https:\/\/javiercorral.org\/archivo\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/javiercorral.org\/archivo\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/javiercorral.org\/archivo\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/javiercorral.org\/archivo\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=19987"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/javiercorral.org\/archivo\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/19987\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":23448,"href":"https:\/\/javiercorral.org\/archivo\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/19987\/revisions\/23448"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/javiercorral.org\/archivo\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/23447"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/javiercorral.org\/archivo\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=19987"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/javiercorral.org\/archivo\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=19987"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/javiercorral.org\/archivo\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=19987"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}