{"id":19965,"date":"2014-04-04T00:00:00","date_gmt":"2014-04-04T00:00:00","guid":{"rendered":""},"modified":"2020-07-06T21:55:08","modified_gmt":"2020-07-07T03:55:08","slug":"cronica-de-un-despojo-los-derechos-fundamentales-en-la-iniciativa-de-ley-en-telecomunicaciones-y-radiodifusion","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/javiercorral.org\/archivo\/?p=19965","title":{"rendered":"Cr\u00f3nica de un despojo; los derechos fundamentales en la Iniciativa de ley en Telecomunicaciones y Radiodifusi\u00f3n"},"content":{"rendered":"<p>La reforma constitucional en telecomunicaciones, radiodifusi&oacute;n y competencia econ&oacute;mica del 11 de junio de 2013, no se agota en un proyecto de reglamentaci&oacute;n secundaria que fomente la competencia.<\/p>\n<p>M&aacute;s competidores en estos mercados no significa un cambio significativo en la calidad de los contenidos de radiodifusi&oacute;n; la pluralidad y diversidad de las transmisiones no se genera en autom&aacute;tico por la entrada de otros competidores, como tampoco puede haber un beneficio directo en el servicio de telecomunicaciones con una regulaci&oacute;n en materia de competencia econ&oacute;mica que pone &eacute;nfasis en las asimetr&iacute;as de los mercados.<\/p>\n<p>La sustancia de la reforma se encuentra en el respeto a los derechos fundamentales de libertad de expresi&oacute;n, derecho a la informaci&oacute;n y derecho de acceso a las tecnolog&iacute;as de la informaci&oacute;n y la comunicaci&oacute;n.<\/p>\n<p>Han pasado un poco m&aacute;s de siete lustros desde que el 6 de diciembre de 1977 se introdujera en nuestra Constituci&oacute;n la frase &#8220;el derecho a la informaci&oacute;n ser&aacute; garantizado por el Estado&#8221; y es despu&eacute;s de m&aacute;s de tres d&eacute;cadas que esta C&aacute;mara de Senadores se apresta a dictaminar la iniciativa enviada por el Ejecutivo Federal, para reglamentar la reforma constitucional del 11 de junio de 2013.<\/p>\n<p>A los senadores de la Rep&uacute;blica, ausentes en su mayor&iacute;a el d&iacute;a de hoy, es importante hacerles notar que el 21 de octubre de 2013, el Comit&eacute; Directivo de la AMEDI y un nutrido grupo de nuestro Consejo Consultivo nos apersonamos en este recinto parlamentario y entregamos a algunos legisladores, de diverso signo pol&iacute;tico, la propuesta regulatoria que en conjunto con diversas organizaciones elabor&oacute; la Asociaci&oacute;n Mexicana de Derecho a la Informaci&oacute;n, que me honro en presidir.<\/p>\n<p>Fueron 18 los Senadores de la Rep&uacute;blica los que suscribieron nuestra propuesta, haciendo suyos los contenidos regulatorios ah&iacute; planteados, con lo cual el proyecto ciudadano se convirti&oacute; formalmente en iniciativa de Ley.<\/p>\n<p>Por ello es momento de recordarle a Alejandra Barrales Magdaleno, Javier Corral Jurado, Jorge Luis Preciado Rodr&iacute;guez, Manuel Bartlett D&iacute;az, Silvia Garza Galv&aacute;n, Zo&eacute; Robledo Aburto, Roberto Gil Zuarth, Luis S&aacute;nchez Jim&eacute;nez, Ernesto Ruffo Appel, Marcela Torres Peimbert, Alejandro Encinas Rodr&iacute;guez, Laura Rojas Hern&aacute;ndez, V&iacute;ctor Hermosillo y Celada, Juan Carlos Romero Hicks, Layda Sansores San Rom&aacute;n, Isidro Pedraza Ch&aacute;vez, M&oacute;nica Arriola Gordillo y Mario Delgado Carrillo, que al suscribir la propuesta, se comprometieron con su contenido.<\/p>\n<p>Suscribir una iniciativa, que tuvo su origen en la sociedad civil, es un acto altamente significativo que deben honrar, impulsando una discusi&oacute;n rigurosa de la propuesta del Ejecutivo Federal y contrastando su contenido con la iniciativa ciudadana. No hacerlo convertir&iacute;a el proceso en una farsa.<\/p>\n<p>El 15 de enero pasado la C&aacute;mara de Diputados tambi&eacute;n celebr&oacute; un foro en materia de telecomunicaciones y radiodifusi&oacute;n. Ah&iacute; expres&eacute; el sinsentido de este tipo de eventos que se vienen celebrando desde hace m&aacute;s de treinta a&ntilde;os, para escuchar, como tambi&eacute;n aqu&iacute; se dijo &#8220;la voz de la sociedad&#8221;, &#8220;la voz de los expertos&#8221;; un sinsentido porque nos oyen, pero no nos escuchan. En este caso, llama la atenci&oacute;n lo dicho por el Senador Omar Fayad del PRI, quien ante el se&ntilde;alamiento de una mayor&iacute;a de invitados vinculados con los grupos empresariales (el 62%), dijo el lunes pasado que en la lista deben estar aquellos que pueden verse afectados con &#8220;la Iniciativa&#8221;. A quienes no afecta, dio a entender, para qu&eacute; invitarlos.<\/p>\n<p>Un rasgo notorio de insensatez, pero tambi&eacute;n del desconocimiento de la finalidad regulatoria de la reforma constitucional. Si a este foro tuvieran que acudir todos aquellos a los que la reforma afecta, deber&iacute;a de estar aqu&iacute; representada la sociedad en su conjunto. Todos los mexicanos somos usuarios de los servicios de telecomunicaciones y todos somos tambi&eacute;n parte de las audiencias de radiodifusi&oacute;n.<\/p>\n<p>Y aqu&iacute; estamos nuevamente, para dar a conocer ante ustedes, lo que ya hemos hecho p&uacute;blico:<\/p>\n<p>La Iniciativa pervierte la finalidad de la reforma constitucional<\/p>\n<p>El eje de la propuesta est&aacute; muy alejado de la finalidad que le dio origen, es decir, satisfacer los derechos fundamentales de libertad de expresi&oacute;n, derecho a la informaci&oacute;n y derecho se acceso a las tecnolog&iacute;as de la informaci&oacute;n y la comunicaci&oacute;n, as&iacute; como las condiciones para una efectiva competencia en los servicios de radiodifusi&oacute;n y telecomunicaciones.<\/p>\n<p>La iniciativa quiere un regulador d&eacute;bil, supeditado a los intereses del Ejecutivo Federal<\/p>\n<p>El Ejecutivo invade facultades del &oacute;rgano regulador como &Oacute;rgano Aut&oacute;nomo. La iniciativa raya en lo absurdo al permitir que la SEGOB conserve la vigilancia de los servicios de radio y televisi&oacute;n que son los contenidos, incluidos los tiempos de estado y la publicidad. Por su parte, la SCT pretende opinar de manera indebida  sobre el Programa de trabajo y los informes de labores del regulador. Igualmente se intenta que la COFEMER opine previamente sobre los proyectos regulatorios del Instituto.<\/p>\n<p>La Iniciativa desfigura el principio de neutralidad de la red<\/p>\n<p>La neutralidad de la red es una condici&oacute;n b&aacute;sica para garantizar el acceso universal a las tecnolog&iacute;as de la informaci&oacute;n y la comunicaci&oacute;n que se desdibuja con la iniciativa, adem&aacute;s de que permite la interferencia de comunicaciones sin un estricto control judicial, violando principios b&aacute;sicos de derechos humanos.<\/p>\n<p>La Iniciativa  deja al arbitrio de los concesionarios los tiempos de estado.<\/p>\n<p>Es aberrante que en materia de tiempos de estado, se quiera mantener la insana pol&iacute;tica de que la SEGOB escuche previamente a los concesionarios y de acuerdo con ellos fije los horarios de transmisi&oacute;n.<\/p>\n<p>La Iniciativa ignora los derechos de las audiencias<\/p>\n<p>Contraviene la disposici&oacute;n constitucional que ordena establecer en la Ley los derechos de las audiencias as&iacute; como mecanismos para su protecci&oacute;n. No basta enlistar un reducido cat&aacute;logo de principios generales y mucho menos se&ntilde;alar que la promoci&oacute;n y defensa de dichas prerrogativas ciudadanas estar&aacute;n en los c&oacute;digos de &eacute;tica de los concesionarios.<\/p>\n<p>La Iniciativa ignora la importancia de los medios p&uacute;blicos y de uso social<\/p>\n<p>La iniciativa contiene una omisi&oacute;n grosera en lo que corresponde a los medios p&uacute;blicos, al desestimar los principios a que se refiere el art&iacute;culo D&eacute;cimo Transitorio, para que cuenten con independencia editorial; autonom&iacute;a de gesti&oacute;n financiera; garant&iacute;as de participaci&oacute;n ciudadana; reglas claras para la transparencia y rendici&oacute;n de cuentas; defensa de sus contenidos; opciones de financiamiento; pleno acceso a tecnolog&iacute;as, y reglas para la expresi&oacute;n de diversidades ideol&oacute;gicas, &eacute;tnicas y culturales. Adem&aacute;s de excluir en los medios de uso p&uacute;blico a los de las Instituciones de Educaci&oacute;n Superior.<\/p>\n<p>En contra de la obligaci&oacute;n legal de introducir un r&eacute;gimen favorable para el desarrollo de los medios p&uacute;blicos, comunitarios e ind&iacute;genas, se les asfixia con requisitos discrecionales, propios de un sistema autoritario, adem&aacute;s de prohibiciones para contar con fuentes de financiamiento; es m&aacute;s, no introduce un mecanismo expedito para el otorgamiento de concesiones para los medios de uso social y les impone un r&eacute;gimen de acceso a las frecuencias inequitativo y arbitrario al ponerles las mismas condiciones que a los medios de uso p&uacute;blico.<\/p>\n<p>En contra, se establece un r&eacute;gimen francamente entreguista para los medios comerciales, a los que se les otorgan incentivos en materia de publicidad, contenidos y multiprogramaci&oacute;n, entre otras cosas.<\/p>\n<p>Al amparo de un supuesto cumplimiento constitucional, se introduce una regulaci&oacute;n engorrosa de la concesi&oacute;n &uacute;nica, que promueve la prestaci&oacute;n de servicios adicionales y convergentes sin delimitar con precisi&oacute;n los requisitos para su autorizaci&oacute;n, adem&aacute;s de otorgarlas por 30 a&ntilde;os de vigencia.<\/p>\n<p>La Iniciativa diluye la obligaci&oacute;n de establecer l&iacute;mites a la concentraci&oacute;n de frecuencias y a la propiedad cruzada<\/p>\n<p>En materia de competencia econ&oacute;mica, diluye de manera burda el alcance de lo dispuesto por el art&iacute;culo 28 Constitucional, en cuanto a la obligaci&oacute;n de establecer l&iacute;mites a la concentraci&oacute;n de frecuencias, al concesionamiento y a la propiedad cruzada, bajo la falsa premisa de que una regulaci&oacute;n de esa naturaleza constituir&iacute;a un &#8220;abuso de control sobre los medios de comunicaci&oacute;n que configurara una forma de censura previa indirecta&#8221;. Vaya manera tan pobre de descalificar el mandato de la Constituci&oacute;n, pues adem&aacute;s se omite regular la atribuci&oacute;n del &oacute;rgano regulador para ordenar la desinversi&oacute;n con el prop&oacute;sito, como lo se&ntilde;ala el texto constitucional, de asegurar el cumplimiento de los l&iacute;mites anteriormente se&ntilde;alados<\/p>\n<p>Es tambi&eacute;n una regulaci&oacute;n totalmente asim&eacute;trica en el trato que se otorga a los mercados regulados; mientras que por una parte es por fortuna muy puntual en las medidas que pueden imponerse a la telefon&iacute;a, es muy limitada en el trato que en apariencia se impone a la televisi&oacute;n. Resulta notorio el inter&eacute;s de mantener los privilegios de los consorcios medi&aacute;ticos.<\/p>\n<p>La Iniciativa promueve una regulaci&oacute;n de preponderancia contraria al texto constitucional<\/p>\n<p>En lo que corresponde a preponderancia se intenta una regulaci&oacute;n contraria al texto constitucional, pues se pretende regular los mercados de telecomunicaciones y radiodifusi&oacute;n por sectores, de tal suerte que las declaratorias que en el futuro imponga el Instituto no se refieran a estos servicios en su conjunto, lo que permitir&iacute;a una segmentaci&oacute;n favorable a los intereses de los concesionarios.<\/p>\n<p>Se transgrede tambi&eacute;n la disposici&oacute;n constitucional que proh&iacute;be la suspensi&oacute;n de los actos reclamados dentro del juicio de amparo, al permitir que las multas no sean exigibles hasta que la resoluci&oacute;n cause estado, tanto en el &aacute;mbito administrativo como en el judicial.<\/p>\n<p>Intenta un esquema muy flexible para que un concesionario deje de ser preponderante, desconociendo que la Constituci&oacute;n precisa que las medidas impuestas por el IFT se extinguir&aacute;n en sus efectos cuando exista &#8220;competencia efectiva&#8221;, no cuando un operador proponga disminuir su participaci&oacute;n en el mercado por abajo del 50%.<\/p>\n<p>La Iniciativa aplaza ilegalmente hasta 2017 el apag&oacute;n anal&oacute;gico<\/p>\n<p>Para la Transici&oacute;n a la Televisi&oacute;n Digital Terrestre, resulta contrario al texto constitucional el aplazar por dos a&ntilde;os m&aacute;s el apag&oacute;n anal&oacute;gico, adem&aacute;s de que al establecer el est&aacute;ndar de cumplimiento con un porcentaje del 90% de penetraci&oacute;n, se permite mantener la ocupaci&oacute;n de la banda de los 700 MHz, con lo cual se incumplen las medidas para democratizar el acceso a la banda ancha.<\/p>\n<p>Estas, entre otras, son algunas de las razones m&aacute;s relevantes por las cuales la iniciativa de Ley secundaria en telecomunicaciones y radiodifusi&oacute;n que envi&oacute; el Ejecutivo Federal al Senado de la Rep&uacute;blica constituyen un retroceso del marco regulatorio, que podr&iacute;a diluir la reforma constitucional del 2013.<\/p>\n<p>Por ello, la Asociaci&oacute;n Mexicana del Derecho a la Informaci&oacute;n. A.C. (AMEDI) hace un llamado a los legisladores miembros de las comisiones dictaminadoras de Comunicaciones y Transportes; de Radio, Televisi&oacute;n y Cinematograf&iacute;a, as&iacute; como de Estudios Legislativos, a no olvidar que la sociedad civil entreg&oacute;, en octubre de 2013, un proyecto que fue avalado por un grupo plural de Senadores y que por tanto, tienen la obligaci&oacute;n legal y &eacute;tica de analizar su contenido y contrastarlo con la Iniciativa que recientemente hizo llegar el Ejecutivo Federal.<\/p>\n<p>Si algunos de los senadores no comulgan con el contenido de la iniciativa ciudadana, haciendo eco de lo que en su oportunidad dijeron los concesionarios al se&ntilde;alar que &#8220;no les gustaban las iniciativas que estaban en el Congreso&#8221;, refiri&eacute;ndose a la &uacute;nica existente en ese entonces o sea la de la AMEDI, esperamos argumentos razonables y no s&oacute;lo descalificaciones; es necesario, es indispensable que se pronuncien p&uacute;blicamente sobre los motivos por los cuales habr&aacute;n de tomar o no en cuenta las hip&oacute;tesis legales contenidas en dicha iniciativa.<\/p>\n<p>Desde nuestra perspectiva, desde una visi&oacute;n ciudadana, los derechos fundamentales deben prevalecer por encima de los intereses corporativos de los consorcios medi&aacute;ticos y de telecomunicaciones.<\/p>\n<p>Por la Asociaci&oacute;n Mexicana de Derecho a la Informaci&oacute;n<\/p>\n<p>Agust&iacute;n Ram&iacute;rez Ram&iacute;rez<br \/>Presidente del Comit&eacute; Directivo<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La reforma constitucional en telecomunicaciones, radiodifusi&oacute;n y competencia econ&oacute;mica del 11 de junio de 2013, no se agota en un proyecto de reglamentaci&oacute;n secundaria que fomente la competencia. 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