{"id":19930,"date":"2014-03-25T00:00:00","date_gmt":"2014-03-25T00:00:00","guid":{"rendered":""},"modified":"2020-07-06T21:55:09","modified_gmt":"2020-07-07T03:55:09","slug":"iniciativa-en-telecomunicaciones-enviada-por-ejecutivo-federal-pervierte-reforma-constitucional","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/javiercorral.org\/archivo\/?p=19930","title":{"rendered":"Iniciativa en telecomunicaciones enviada por Ejecutivo Federal pervierte reforma constitucional"},"content":{"rendered":"<p>Con un atraso de m&aacute;s de cien d&iacute;as, hoy se recibi&oacute; en el Senado de la Rep&uacute;blica la iniciativa de ley secundaria en telecomunicaciones y radiodifusi&oacute;n por parte del Ejecutivo Federal. Una Ley que seg&uacute;n la disposici&oacute;n constitucional debi&oacute; estar aprobada desde el 9 de diciembre de 2013.<br \/>Desde la SCT se espera, como lo dijo su Titular Gerardo Ruiz Esparza, que sea aprobada con rapidez; le apuestan a lo avanzado del primer periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Uni&oacute;n, para que en el poco tiempo que le resta no haya una discusi&oacute;n seria, abundante y objetiva de su contenido por parte de las comisiones dictaminadoras, en ambas C&aacute;maras.<\/p>\n<p><strong>Pervierte la finalidad de la reforma constitucional.<\/strong><\/p>\n<p>El eje de la propuesta est&aacute; muy alejado de la finalidad que le dio origen, es decir, satisfacer los derechos fundamentales de libertad de expresi&oacute;n, derecho a la informaci&oacute;n y derecho se acceso a las tecnolog&iacute;as de la informaci&oacute;n y la comunicaci&oacute;n, as&iacute; como las condiciones para una efectiva competencia en los servicios de radiodifusi&oacute;n y telecomunicaciones. Ni siquiera existe una definici&oacute;n expresa sobre su naturaleza como servicios p&uacute;blicos de inter&eacute;s general.<\/p>\n<p><strong>Se quiere un regulador d&eacute;bil, supeditado a los intereses del Ejecutivo Federal.<\/strong><\/p>\n<p>El Ejecutivo invade facultades del &oacute;rgano regulador como &Oacute;rgano Aut&oacute;nomo. La iniciativa raya en lo absurdo al permitir que la SEGOB conserve la supervisi&oacute;n de los servicios de radio y televisi&oacute;n que son los contenidos y ni siquiera modifican las sanciones establecidas desde 1960, por su parte, la SCT pretende opinar de manera indebida  sobre el Programa de trabajo y los informes de labores del regulador. Igualmente se intenta que la COFEMER opine previamente sobre los proyectos regulatorios del Instituto.<\/p>\n<p><strong>Desfigura el principio de neutralidad de la red.<\/strong><\/p>\n<p>La neutralidad de la red es una condici&oacute;n b&aacute;sica para garantizar el acceso universal a las tecnolog&iacute;as de la informaci&oacute;n y la comunicaci&oacute;n que se desdibuja con la iniciativa, adem&aacute;s de que permite la interferencia de comunicaciones sin un estricto control judicial, violando principios b&aacute;sicos de derechos humanos.<\/p>\n<p><strong>Deja al arbitrio de los concesionarios los tiempos de estado.<\/strong><\/p>\n<p>Es aberrante que en materia de tiempos de estado, se quiera mantener la insana pol&iacute;tica de que la SEGOB escuche previamente a los concesionarios y de acuerdo con ellos fije los horarios de transmisi&oacute;n.<\/p>\n<p><strong>Ignora los derechos de las audiencias.<\/strong><\/p>\n<p>Contraviene la disposici&oacute;n constitucional que ordena establecer en la Ley los derechos de las audiencias as&iacute; como mecanismos para su protecci&oacute;n. No basta enlistar un reducido cat&aacute;logo de principios generales y mucho menos se&ntilde;alar que la promoci&oacute;n y defensa de dichas prerrogativas ciudadanas estar&aacute;n en los c&oacute;digos de &eacute;tica de los concesionarios.<\/p>\n<p><strong>Ignora la importancia de los medios p&uacute;blicos y de uso social.<\/strong><\/p>\n<p>La iniciativa contiene una omisi&oacute;n grosera en lo que corresponde a los medios p&uacute;blicos, al desestimar los principios a que se refiere el art&iacute;culo D&eacute;cimo Transitorio, para que cuenten con independencia editorial; autonom&iacute;a de gesti&oacute;n financiera; garant&iacute;as de participaci&oacute;n ciudadana; reglas claras para la transparencia y rendici&oacute;n de cuentas; defensa de sus contenidos; opciones de financiamiento; pleno acceso a tecnolog&iacute;as, y reglas para la expresi&oacute;n de diversidades ideol&oacute;gicas, &eacute;tnicas y culturales. Adem&aacute;s de excluir en los medios de uso p&uacute;blico a los de las Instituciones de Educaci&oacute;n Superior.<\/p>\n<p>En contra de la obligaci&oacute;n legal de introducir un r&eacute;gimen favorable para el desarrollo de los medios p&uacute;blicos, comunitarios e ind&iacute;genas, se les asfixia con requisitos discrecionales, propios de un sistema autoritario, adem&aacute;s de prohibiciones para contar con fuentes de financiamiento; es m&aacute;s, no introduce un mecanismo expedito para el otorgamiento de concesiones para los medios de uso social y les impone un r&eacute;gimen de acceso a las frecuencias inequitativo y arbitrario al ponerles las mismas condiciones que a los medios de uso p&uacute;blico.<\/p>\n<p>En contra, se establece un r&eacute;gimen francamente entreguista para los medios comerciales, a los que se les otorgan incentivos en materia de publicidad, contenidos y multiprogramaci&oacute;n, entre otras cosas, adem&aacute;s de promover la subasta como mecanismo para decidir al ganador de una licitaci&oacute;n, que menci&oacute;n al margen, ya fue declarada inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Naci&oacute;n.<\/p>\n<p>Al amparo de un supuesto cumplimiento constitucional, se introduce una regulaci&oacute;n engorrosa de la concesi&oacute;n &uacute;nica, que promueve la prestaci&oacute;n de servicios adicionales y convergentes sin delimitar con precisi&oacute;n los requisitos para su autorizaci&oacute;n, adem&aacute;s de otorgarlas por 30 a&ntilde;os de vigencia. Significa un grave retroceso que permitir&iacute;a obviar los procesos de licitaci&oacute;n para la convergencia de servicios.<\/p>\n<p><strong>Diluye la obligaci&oacute;n de establecer l&iacute;mites a la concentraci&oacute;n de frecuencias y a la propiedad cruzada.<\/strong><\/p>\n<p><span style=\"font-size: 10px;\">En materia de competencia econ&oacute;mica, diluye de manera burda el alcance de lo dispuesto por el art&iacute;culo 28 Constitucional, en cuanto a la obligaci&oacute;n de establecer l&iacute;mites a la concentraci&oacute;n de frecuencias, al concesionamiento y a la propiedad cruzada, bajo la falsa premisa de que una regulaci&oacute;n de esa naturaleza constituir&iacute;a un &#8220;abuso de control sobre los medios de comunicaci&oacute;n que configurara una forma de censura previa indirecta&#8221;. Vaya manera tan pobre de descalificar el mandato de la Constituci&oacute;n, pues adem&aacute;s se omite regular la atribuci&oacute;n del &oacute;rgano regulador para ordenar la desinversi&oacute;n con el prop&oacute;sito, como lo se&ntilde;ala el texto constitucional, de asegurar el cumplimiento de los l&iacute;mites anteriormente se&ntilde;alados.<\/span><\/p>\n<p>Es tambi&eacute;n una regulaci&oacute;n totalmente asim&eacute;trica en el trato que se otorga a los mercados regulados; mientras que por una parte es muy puntual en las medidas que pueden imponerse a la telefon&iacute;a, es muy limitada en el trato que en apariencia se impone a la televisi&oacute;n. Resulta notorio el inter&eacute;s de mantener los privilegios de los consorcios medi&aacute;ticos.<\/p>\n<p><strong>La regulaci&oacute;n de preponderancia es contraria al texto constitucional.<\/strong><\/p>\n<p>En lo que corresponde a preponderancia se intenta una regulaci&oacute;n contraria al texto constitucional, pues se pretende regular los mercados de telecomunicaciones y radiodifusi&oacute;n por sectores, de tal suerte que las declaratorias que en el futuro imponga el Instituto no se refieran a estos servicios en su conjunto, lo que permitir&iacute;a una segmentaci&oacute;n favorable a los intereses de los concesionarios.<\/p>\n<p>Se transgrede tambi&eacute;n la disposici&oacute;n constitucional que proh&iacute;be la suspensi&oacute;n de los actos reclamados dentro del juicio de amparo, al permitir que las multas no sean exigibles hasta que la resoluci&oacute;n cause estado, tanto en el &aacute;mbito administrativo como en el judicial.<\/p>\n<p><strong>Aplaza ilegalmente hasta 2017 el apag&oacute;n anal&oacute;gico.<\/strong><\/p>\n<p>Para la Transici&oacute;n a la Televisi&oacute;n Digital Terrestre, resulta contrario al texto constitucional el aplazar por dos a&ntilde;os m&aacute;s el apag&oacute;n anal&oacute;gico, adem&aacute;s de que al establecer el est&aacute;ndar de cumplimiento con un porcentaje del 90% de penetraci&oacute;n, se permite mantener la ocupaci&oacute;n de la banda de los 700 MHz, con lo cual se incumplen las medidas para democratizar el acceso a la banda ancha.<\/p>\n<p>Estas, entre otras, son algunas de las razones m&aacute;s relevantes por las cuales la iniciativa de Ley secundaria en telecomunicaciones y radiodifusi&oacute;n que envi&oacute; el Ejecutivo Federal al Senado de la Rep&uacute;blica constituyen un grosero retroceso del marco regulatorio, que diluye la reforma constitucional del 2013.<\/p>\n<p>La Asociaci&oacute;n Mexicana del Derecho a la Informaci&oacute;n. A.C. (AMEDI) hace un llamado a las organizaciones de la sociedad civil a defender el contenido del proyecto ciudadano que construimos juntos y se entreg&oacute; a las c&aacute;maras legislativas del Congreso de la Uni&oacute;n en octubre y noviembre del 2013.<\/p>\n<p>De igual manera, exigimos a las comisiones dictaminadoras de Comunicaciones y Transportes; de Radio, Televisi&oacute;n y Cinematograf&iacute;a, as&iacute; como de Estudios Legislativos de la H. C&aacute;mara de Senadores, que no renuncien a la facultad revisora que les otorga la Constituci&oacute;n, para que adem&aacute;s de hacer un an&aacute;lisis objetivo y serio de la Iniciativa presidencial, dictaminen al mismo tiempo la iniciativa ciudadana que fue avalada por diversos legisladores en ambas c&aacute;maras del Congreso de la Uni&oacute;n.<\/p>\n<p>Los derechos de los ciudadanos deben prevalecer por encima de los intereses corporativos de los consorcios medi&aacute;ticos y de telecomunicaciones.<\/p>\n<p>M&eacute;xico, D. F. 24 de marzo de 2014.<br \/>Atentamente<\/p>\n<p><strong>Asociaci&oacute;n Mexicana de Derecho a la informaci&oacute;n<\/strong><\/p>\n<p>Comit&eacute; Directivo<\/p>\n<p>Ex Presidentes nacionales<\/p>\n<p>Beatriz Solis Leree<\/p>\n<p>Ra&uacute;l Trejo Delarbre<\/p>\n<p><span style=\"font-size: 10px;\">Aleida Calleja Guti&eacute;rrez<\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Con un atraso de m&aacute;s de cien d&iacute;as, hoy se recibi&oacute; en el Senado de la Rep&uacute;blica la iniciativa de ley secundaria en telecomunicaciones y radiodifusi&oacute;n por parte del Ejecutivo Federal. 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