{"id":16550,"date":"2010-01-12T00:00:00","date_gmt":"2010-01-12T00:00:00","guid":{"rendered":""},"modified":"2014-10-05T18:55:11","modified_gmt":"2014-10-05T23:55:11","slug":"ley-de-telecomunicaciones-y-de-contenidos-audiovisuales","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/javiercorral.org\/archivo\/?p=16550","title":{"rendered":"Ley de Telecomunicaciones y de Contenidos Audiovisuales"},"content":{"rendered":"<p><span style=\"color: #000000;\">Los suscritos Diputados de la LXI Legislatura del Honorable Congreso de la Uni\u00f3n, integrantes de los Grupos Parlamentarios de Convergencia; del Partido Acci\u00f3n Nacional; del Partido de la Revoluci\u00f3n Democr\u00e1tica y del Partido Revolucionario Institucional, en ejercicio de la facultad conferida en la fracci\u00f3n II del art\u00edculo 71 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica de los Estados Unidos Mexicanos, y de conformidad con lo dispuesto en los art\u00edculos 55 fracci\u00f3n II y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideraci\u00f3n del Pleno de esta Honorable C\u00e1mara de Diputados, la presente Iniciativa con proyecto decreto por el que se expide la Ley Federal de Telecomunicaciones y de Contenidos Audiovisuales; se reforma los art\u00edculos 27, fracci\u00f3n XXI; 36, fracci\u00f3n III y 38, fracci\u00f3n XXX bis de la Ley Org\u00e1nica de la Administraci\u00f3n P\u00fablica Federal; se deroga el art\u00edculo 9, fracci\u00f3n III de la Ley de V\u00edas Generales de Comunicaci\u00f3n; y se derogan las fracciones II del art\u00edculo 27, I y II del art\u00edculo 144 de la Ley Federal del Derecho de Autor, de conformidad con la siguiente: EXPOSICI\u00d3N DE MOTIVOS I. ANTECEDENTES El 11 de abril de 2006 se public\u00f3, en el Diario Oficial de la Federaci\u00f3n, el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones y de la Ley Federal de Radio y Televisi\u00f3n. El 4 de mayo de 2006, cuarenta y siete senadores de la Quincuag\u00e9simo Novena Legislatura (quince del PAN, diecis\u00e9is del PRI, quince del PRD, y uno del Partido Convergencia con la representaci\u00f3n de todas las entidades federativas), promovieron una Acci\u00f3n de Inconstitucionalidad, con 21 conceptos de invalidez constitucional de los art\u00edculos 2, 3, 7-A, 9, 16, 17, 17-A,17-B, 17-C, 17-D, 17-E, 17-F, 17-G, 17-H, 17-I, 17-J, 19, 20, 21, 21A, 22, 23, 25, 26, 28, 28-A, 28-B, 72-A y 79-A de la Ley Federal de Radio y Televisi\u00f3n y los art\u00edculos SEGUNDO, TERCERO, CUARTO Y QUINTO TRANSITORIOS. Adem\u00e1s, los art\u00edculos 3, fracciones XV y XVI, 9-A, 9-B, 9-C, 9-D, 13, 64 y 65 de la Ley Federal de Telecomunicaciones. El 8 de mayo de 2006, el Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Naci\u00f3n orden\u00f3 formar y registrar el expediente relativo a la acci\u00f3n de inconstitucionalidad en cuesti\u00f3n, con el n\u00famero 26\/2006 y, por raz\u00f3n de turno, design\u00f3 al Ministro Sergio Salvador Aguirre Anguiano para que instruyera el procedimiento y formulara el proyecto de resoluci\u00f3n respectivo. El 7 de junio de 2007, la Suprema Corte de Justicia de la Naci\u00f3n dict\u00f3 resoluci\u00f3n, declarando inv\u00e1lidas algunas partes de las reformas a las Leyes Federales de Radio y Televisi\u00f3n y la de Telecomunicaciones. De los 46 art\u00edculos involucrados en la reforma de 2006 a las leyes federales de Radio y Televisi\u00f3n y de Telecomunicaciones, 16 fueron impugnados y s\u00f3lo ocho fueron afectados total o parcialmente por la Sentencia de la Corte. La parte central fue la invalidez de los art\u00edculos 28 y 28-A de la Ley Federal de Radio y Televisi\u00f3n que permit\u00edan a los concesionarios de este sector brindar servicios adicionales de telecomunicaciones, sin participar en licitaci\u00f3n y sin obligaci\u00f3n de pago al Estado. La Sentencia cita: &#8220;Ni en la iniciativa de ley, ni en los dict\u00e1menes de las C\u00e1maras de Origen y Revisora se expres\u00f3 raz\u00f3n v\u00e1lida alguna que justifique el trato privilegiado que se otorga a los concesionarios de radio y televisi\u00f3n abiertas al permitirles acceder a concesiones de servicios de telecomunicaci\u00f3n sin sujetarlos al procedimiento de licitaci\u00f3n y sin que se les exija el pago de la contraprestaci\u00f3n correspondiente&#8221;. Asimismo, se declar\u00f3 la invalidez de una porci\u00f3n del art\u00edculo 16, que permit\u00eda el refrendo autom\u00e1tico y sin requisito alguno para los concesionarios, as\u00ed como el otorgamiento de \u00e9stos por plazos fijos de veinte a\u00f1os. La Corte aclar\u00f3 que, en este \u00faltimo caso, las concesiones deber\u00e1n otorgarse por un plazo de &#8220;hasta&#8221; veinte a\u00f1os. Y estableci\u00f3 su criterio para el caso de los refrendos de la siguiente manera: \u0093Para que el refrendo de una concesi\u00f3n y la preferencia que se otorgue a su titular resulten apegados a la Ley suprema, es menester que el titular de la concesi\u00f3n, al t\u00e9rmino de la misma, compita nuevamente, en igualdad de circunstancias, con otros interesados\u0094. Del Art\u00edculo 17 G acerca de los procedimientos para el otorgamiento de frecuencias en radiodifusi\u00f3n elimin\u00f3 el de la subasta econ\u00f3mica. En el art\u00edculo 17E debi\u00f3 corregir el de la necesidad de entregar la Opini\u00f3n Favorable de la Comisi\u00f3n Federal de Competencia y no solo la solicitud como hab\u00eda quedado en la reforma mencionada. De la Ley Federal de Telecomunicaciones fue suprimida la facultad del Senado para objetar los nombramientos de Comisionados ante la Comisi\u00f3n Federal de Telecomunicaciones por parte del Presidente de la Rep\u00fablica. Asimismo, la Corte elimin\u00f3 un p\u00e1rrafo del art\u00edculo segundo transitorio de esta ley, que imped\u00eda a los ex integrantes de la Comisi\u00f3n Federal de Telecomunicaciones volver a ser considerados para repetir en ese puesto. Tras la declaraci\u00f3n de invalidez la Sentencia fue publicada el 20 de agosto de 2007 en el Diario Oficial de la Federaci\u00f3n y el Senado de la Rep\u00fablica asumi\u00f3 la responsabilidad de ajustar el marco jur\u00eddico en ambas materias, bas\u00e1ndose en los principios de legalidad, pluralidad, inclusi\u00f3n, transparencia y difusi\u00f3n, y asegur\u00e1ndose de atender -puntual e integralmente- los resolutivos establecidos por la Suprema Corte de Justicia de la Naci\u00f3n. El 7 de septiembre de 2007 la Junta de Coordinaci\u00f3n Pol\u00edtica del Senado de la Rep\u00fablica estableci\u00f3 un Grupo Plural para la Revisi\u00f3n de la Legislaci\u00f3n en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusi\u00f3n, para ajustar el marco jur\u00eddico de las telecomunicaciones y la radiodifusi\u00f3n, con la presencia de senadores de todas las corrientes pol\u00edticas y presidido por el Presidente de la Comisi\u00f3n de Radio, Televisi\u00f3n y Cinematograf\u00eda, el Presidente de la Comisi\u00f3n de Comunicaciones y Transportes y el Presidente de la Comisi\u00f3n de Estudios Legislativos. Este grupo Plural que realiz\u00f3 consultas a sectores involucrados y recomend\u00f3 la redacci\u00f3n de una reforma integral en una sola ley considerando las opiniones recabadas. Como resultado de ese acuerdo, en mayo de 2008 se inici\u00f3 la redacci\u00f3n de un proyecto de iniciativa integral con senadores de los partidos Acci\u00f3n Nacional y de la Revoluci\u00f3n Democr\u00e1tica quienes trabajaron en la elaboraci\u00f3n de una propuesta legal que se singularizara por atender, en un solo documento, los numerosos rezagos jur\u00eddicos que padecen la radiodifusi\u00f3n y las telecomunicaciones en nuestro pa\u00eds. Ese documento fue elaborado con la asesor\u00eda de especialistas miembros de la Asociaci\u00f3n Mexicana de Derecho a la Informaci\u00f3n (AMEDI) que participaron en esa tarea a invitaci\u00f3n del Presidente del Senado de la Rep\u00fablica. Aquel trabajo fue plural desde el m\u00e9todo con que se realiz\u00f3. Los autores del documento que result\u00f3 de aquellas deliberaciones, quisieron hacer una propuesta no para un solo partido pol\u00edtico, y mucho menos para un legislador en particular, sino para contribuir a una discusi\u00f3n plural y a decisiones legislativas que, para resultar factibles, tienen que ser tambi\u00e9n plurales. Ese es el origen de la iniciativa que, revisada nuevamente, se presenta a consideraci\u00f3n. Este antecedente es importante para explicar que la presente iniciativa de promulgaci\u00f3n de la Ley Federal de Telecomunicaciones y de Contenidos Audiovisuales tiene muchas semejanzas a la presentada por el senador Carlos Sotelo, de la fracci\u00f3n parlamentaria del Partido de la Revoluci\u00f3n Democr\u00e1tica (PRD), el 8 de diciembre de 2009, ya que ambas derivan del proyecto original. A diferencia del documento presentado en el Senado de la Rep\u00fablica, la presente iniciativa incluye pr\u00e1cticamente todos los aspectos, sugerencias y recomendaciones aportadas por los diferentes sectores que participaron en las consultas referidas para integrar una ley moderna, pro competitiva, democr\u00e1tica, plural y, sobre todo, convergente e integral de la radiodifusi\u00f3n y las telecomunicaciones, respetando en todo caso los principios establecidos por la Suprema Corte de Justicia de la Naci\u00f3n en la sentencia de la Acci\u00f3n de Inconstitucionalidad 26\/2006. Entre las principales diferencias de ambas iniciativas destacan la personalidad jur\u00eddica del \u00f3rgano regulador y el nombramiento de sus comisionados, los principios de dominancia en el sector, la inversi\u00f3n extranjera y la retransmisi\u00f3n de canales abiertos de televisi\u00f3n en redes p\u00fablicas de telecomunicaciones, entre otros aspectos. Por todo lo anterior, esta iniciativa aporta todos elementos para una verdadera reforma integral y convergente de la legislaci\u00f3n en radiodifusi\u00f3n y telecomunicaciones. II. CONSIDERANDOS Primero. La iniciativa que se presenta es innovadora y oportuna ya que es la \u00fanica a la fecha que ha abordado plenamente la convergencia. Adem\u00e1s incorpora la mayor parte de las propuestas presentadas en los \u00faltimos a\u00f1os en el Congreso de la Uni\u00f3n en virtud de que se refieren a las leyes en la materia o a la actividad y servicios en ellas consideradas, ahora integradas en una sola ley congruente con la convergencia. De la misma manera que los medios, formatos y contenidos est\u00e1n destinados a entrelazarse e intercambiarse como parte de la versatilidad que supone el desarrollo tecnol\u00f3gico, los aspectos fundamentales de la legislaci\u00f3n tanto para la radiodifusi\u00f3n como para las telecomunicaciones se convierten en parte de un solo ordenamiento federal coherente y convergente. Segundo. La propuesta que se presenta se sustenta en las normas constitucionales y las normas contenidas en los Tratados Internacionales suscritos por el Ejecutivo y ratificados por el Senado. En lo particular se retoma el sustento, establecido por la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica de los Estados Unidos Mexicanos y por la Suprema Corte de Justicia de la Naci\u00f3n, que reconoce la necesidad de respetar las garant\u00edas individuales de los art\u00edculos 1, 3 y 6 en lo relativo a la igualdad ante la ley, democracia, inter\u00e9s general, laicidad y libertad de expresi\u00f3n y derecho a la informaci\u00f3n. Adem\u00e1s de lo determinado por el art\u00edculo 27 que establece el dominio directo de la Naci\u00f3n sobre el espectro radioel\u00e9ctrico y del art\u00edculo 28 que establece las modalidades y condiciones legales en la administraci\u00f3n del espectro radioel\u00e9ctrico para que se asegure su eficiencia, su uso social y evite fen\u00f3menos de concentraci\u00f3n. Tercero. La propuesta considera las garant\u00edas en materia econ\u00f3mica contenidas en los art\u00edculos 25 y 26 constitucionales, observando las normas relativas a la libre competencia, previstas en el Art\u00edculo 28 de la Ley Fundamental. Trat\u00e1ndose, las telecomunicaciones de una actividad econ\u00f3mica prioritaria, adem\u00e1s de su referencia en el Plan Nacional de Desarrollo, se considera imperativo expedir un Programa Anual en el que se fundamente la propuesta legislativa, de acuerdo a lo dispuesto en el Art\u00edculo 10 de la Ley de Planeaci\u00f3n, reconociendo la necesidad de espacios que garanticen la m\u00e1s amplia participaci\u00f3n social. Cuarto. La presente iniciativa atiende a la cada vez m\u00e1s urgente homogeneizaci\u00f3n de preceptos internacionales en el campo de las telecomunicaciones, la informaci\u00f3n y la cultura. En este marco no puede ser ignorado que la informaci\u00f3n es punta de lanza de la internacionalizaci\u00f3n de la econom\u00eda mundial y base para el desarrollo democr\u00e1tico de los pa\u00edses. M\u00e9xico no puede permanecer al margen de la normatividad internacional en el campo de la comunicaci\u00f3n y la informaci\u00f3n, por lo que resulta urgente la revisi\u00f3n de los conceptos b\u00e1sicos que determinan el modelo de comunicaci\u00f3n de otros pa\u00edses. Quinto. Si bien en M\u00e9xico contamos con un n\u00famero importante de disposiciones jur\u00eddicas en materia de Telecomunicaciones y de Radiodifusi\u00f3n esta \u00faltima data de 1960 por lo que su obsolescencia ha generado lagunas fundamentales en materias tales como la forma discrecional con que dispone de las frecuencias, las cuales conforman parte importante de la distribuci\u00f3n de la informaci\u00f3n mediante los medios electr\u00f3nicos; la indefinici\u00f3n de criterios para lograr una adecuada participaci\u00f3n plural de la sociedad; la necesidad de abrir a la competencia este sector y con ello regular los altos \u00edndices de concentraci\u00f3n; el incentivo a la apertura de oportunidades a nuevos operadores y su incorporaci\u00f3n al desarrollo tecnol\u00f3gico y por supuesto a las nuevas normas que el proceso de internacionalizaci\u00f3n de la informaci\u00f3n y las tecnolog\u00edas globalizadas y convergentes imponen y con las que casi la totalidad de los pa\u00edses democr\u00e1ticos ya cuentan. Sexto. En virtud de que uno de los servicios fundamentales de las telecomunicaciones son los contenidos audiovisuales, es pertinente reconocer este valor, claramente expresado por el Ministro Genaro David G\u00f3ngora Pimentel, durante el debate del 4 de junio de 2007: \u0093\u0085me parece muy importante que hagamos la precisi\u00f3n de que la regulaci\u00f3n de los contenidos televisivos y radiof\u00f3nicos no est\u00e1 limitada a la radiodifusi\u00f3n, definida por el art\u00edculo 2\u00ba de la Ley Federal de Radio y Televisi\u00f3n, sino que atendiendo a una interpretaci\u00f3n conforme con los art\u00edculos 6 y 7 constitucionales, debe entenderse que comprende tambi\u00e9n al servicio de radio y televisi\u00f3n regulado por la Ley Federal de Telecomunicaciones; de manera que el divorcio entre los conceptos de radiodifusi\u00f3n y radio y televisi\u00f3n, s\u00f3lo opera en cuanto a aspectos t\u00e9cnicos, m\u00e1s no en lo relativo a los contenidos, los cuales est\u00e1n sujetos a la Ley Federal de Radio y Televisi\u00f3n, en virtud de la funci\u00f3n social de estos medios de comunicaci\u00f3n\u0094. \u0093En efecto, a trav\u00e9s de los servicios de radio y televisi\u00f3n no solo es posible prestar servicios de televisi\u00f3n y radio restringidos, sino emisiones gratuitas y abiertas, susceptibles de llegar a un p\u00fablico indeterminado y discrecional, teniendo ambas la posibilidad de trascender a la opini\u00f3n p\u00fablica en similar medida que la radiodifusi\u00f3n, lo que hace indispensable que tanto los contenidos de la televisi\u00f3n restringida como de la televisi\u00f3n abierta a trav\u00e9s de redes p\u00fablicas de telecomunicaciones est\u00e9n regulados por la Ley Federal de Radio y Televisi\u00f3n; no me pasa desapercibido que existe un Reglamento del servicio de televisi\u00f3n y audio restringidos, que somete los contenidos de la televisi\u00f3n restringida al marco de la ley; sin embargo, los contenidos no pueden depender de lo que diga un reglamento, sino que es una exigencia de las libertades de expresi\u00f3n e informaci\u00f3n\u0094. \u0093He venido sosteniendo que las libertades de expresi\u00f3n, informaci\u00f3n y prensa, consagradas en los art\u00edculos 6 y 7 constitucionales, incluyen necesariamente la libre utilizaci\u00f3n de todos los medios de expresi\u00f3n que puedan difundir ideas, especialmente los medios masivos de comunicaci\u00f3n, como son la radio y la televisi\u00f3n, por lo que existe un derecho constitucional de acceso equitativo a estos medios; tales derechos necesariamente llevan impl\u00edcitos un deber de promoci\u00f3n que hoy en d\u00eda es incluso m\u00e1s importante, pues las fuerzas econ\u00f3micas estar\u00e1n y est\u00e1n en mayor aptitud de violentarlos, que el propio Estado; as\u00ed la garant\u00eda del libre ejercicio del derecho a difundir y recibir informaci\u00f3n exige de los poderes p\u00fablicos, la emisi\u00f3n de las normas necesarias para impedir que otras fuerzas sociales obstruyan su ejercicio\u0094. S\u00e9ptimo. Referido a la importancia de los contenidos debemos ubicar la opini\u00f3n OC-5\/85, emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y vinculante para el Estado Mexicano: \u0093Son los medios de comunicaci\u00f3n social los que sirven para materializar el ejercicio de la libertad de expresi\u00f3n, de tal modo que sus condiciones de funcionamiento deben adecuarse a los requerimientos de esta libertad. Para ello es indispensable \u0093\u00ednter al\u00eda\u0094 la pluralidad de medios, la prohibici\u00f3n de todo monopolio respecto de ellos, cualquiera sea la forma que pretenda adoptar.\u0094 Los contenidos en los medios electr\u00f3nicos, como en cualquier forma de comunicaci\u00f3n, jam\u00e1s mejorar\u00e1n estableciendo restricciones ni censuras. M\u00e1s opciones, en cambio, tender\u00e1n a significar mayores contrapesos y variedad de puntos de vista a los que los ciudadanos puedan optar. Octavo. Al respecto, la Comisi\u00f3n Federal de Competencia ha generado l\u00edneas claras en cuanto a la relaci\u00f3n Pluralidad, Competencia y Contenidos en las telecomunicaciones y particularmente en la radio y televisi\u00f3n. En la Opini\u00f3n en torno a \u0093opini\u00f3n sobre los efectos en el proceso de competencia y libre concurrencia de la convergencia de las redes p\u00fablicas de telecomunicaciones en los servicios de voz, datos y video; particularmente en la prestaci\u00f3n de servicios de telefon\u00eda fija y televisi\u00f3n restringida\u0094 del 31 de octubre de 2005, establece: \u0093En materia de contenidos, la COMISI\u00d3N considera que es importante prevenir pr\u00e1cticas anticompetitivas que pudieran distorsionar el funcionamiento eficiente de los mercados\u0094 A manera de complemento, el 28 de noviembre del 2006, la Comisi\u00f3n Federal de Competencia emite \u0093Opini\u00f3n con el fin de promover la aplicaci\u00f3n de los principios de competencia y libre concurrencia en los mercados de contenidos audiovisuales para servicios de video\u0094 El eje fundamental de esta Opini\u00f3n se encamina a promover un marco regulatorio que incorpore los principios de competencia y eficiencia en materia de contenidos audiovisuales. En este sentido se recomienda: a) Adoptar los criterios de neutralidad tecnol\u00f3gica y flexibilidad; b) Instaurar reguladores aut\u00f3nomos e independientes; c) Fortalecer el alcance, efectividad y aplicaci\u00f3n de la pol\u00edtica de competencia; d) Asignar de manera eficiente los recursos escasos, incluyendo el espectro radioel\u00e9ctrico; e) Facilitar el acceso de todos los usuarios a los servicios de comunicaciones; f) Proteger los derechos de los consumidores; g) Eliminar regulaciones econ\u00f3micas innecesarias, y h) Promover un uso eficiente del espectro radioel\u00e9ctrico que favorezca el desarrollo de nuevos servicios y competidores, tanto de telecomunicaciones como de radio y televisi\u00f3n. La Opini\u00f3n establece que los medios de comunicaci\u00f3n desempe\u00f1an un papel de alto impacto social y cultural, por lo que deben incorporarse en su regulaci\u00f3n los valores de pluralidad y protecci\u00f3n de las audiencias y propone ubicar el tema no solo como asunto de titularidad de frecuencias sino tambi\u00e9n desde su concentraci\u00f3n en la producci\u00f3n de los contenidos. A lo largo del documento de la Comisi\u00f3n Federal de Competencia encontramos fundamentos que fortalecen la necesidad de garant\u00edas jur\u00eddicas para los operadores, particularmente para los llamados permisionados en radiodifusi\u00f3n, que no cuentan con mecanismos de sustentabilidad y financiamiento no solo para la operaci\u00f3n cotidiana, sino para las inversiones tecnol\u00f3gicas que requerir\u00e1 su reconversi\u00f3n digital y en particular para su principal funci\u00f3n, la producci\u00f3n de contenidos de calidad. Afirma que \u0093los contenidos audiovisuales se caracterizan por altos costos de producci\u00f3n e incertidumbre y restricci\u00f3n en su distribuci\u00f3n a causa de las pocas \u0091ventanas\u0092 de salida que genera la concentraci\u00f3n del sector. Generar una oferta de contenidos plural requiere garant\u00edas para que la inversi\u00f3n en producci\u00f3n permita cubrir los costos y financiar futuras producciones\u0094. A partir de estos considerandos la presente iniciativa tiene como sustento lo siguiente: III. CONTENIDO DE LA INICIATIVA Se propone la creaci\u00f3n de una nueva Ley Federal de Telecomunicaciones y de Contenidos Audiovisuales con 252 art\u00edculos, agrupados en 13 T\u00edtulos que regule el uso, aprovechamiento y explotaci\u00f3n del espectro radioel\u00e9ctrico, las redes de telecomunicaciones, as\u00ed como la prestaci\u00f3n de servicios de telecomunicaciones y los contenidos audiovisuales del servicio de radio y televisi\u00f3n. Para ubicar el sentido de la integralidad de esta propuesta es preciso partir del concepto mismo de las telecomunicaciones que integra a lo que tradicionalmente se manten\u00eda separado en dos ordenamientos, por una parte las telecomunicaciones y por otra parte a la radiodifusi\u00f3n. En las telecomunicaciones quedan incorporadas, de acuerdo a los organismos internacionales como la UIT, a la \u0093emisi\u00f3n, transmisi\u00f3n o recepci\u00f3n de signos, se\u00f1ales, escritos, im\u00e1genes, voz, datos, sonidos o informaci\u00f3n de cualquier naturaleza que se efect\u00faa a trav\u00e9s de hilos, radioelectricidad, medios \u00f3pticos, f\u00edsicos, u otros sistemas electromagn\u00e9ticos incluyendo la comunicaci\u00f3n v\u00eda sat\u00e9lite\u0094. Ubicados as\u00ed, los servicios que se prestan a trav\u00e9s de las telecomunicaciones parten de los mismos principios, aunque los servicios que se presenten sean diversos como son los servicios estrictamente conocidos como telecomunicaciones (telefon\u00eda, Internet, televisi\u00f3n restringida, etc.) y en cuya prestaci\u00f3n se implica un pago por parte de los usuarios y los servicios de radio y televisi\u00f3n (radiodifusi\u00f3n) abierta que es gratuita y universal. En ambos casos uno de los principales servicios que se protegen es el de la transmisi\u00f3n de contenidos independientemente de la forma tecnol\u00f3gica en la que estos se presenten. Los servicios de telecomunicaciones utilizan para su operaci\u00f3n el espectro radioel\u00e9ctrico que como recurso limitado y Bien de la Naci\u00f3n conservar\u00e1 esa condici\u00f3n, por lo que para ser usado y explotado por particulares, deber\u00e1 estar sujeto en todo momento a las concesiones que establezca la Ley y para su explotaci\u00f3n comercial se deber\u00e1 establecer una contraprestaci\u00f3n econ\u00f3mica para el Estado. Tomando en consideraci\u00f3n el servicio que recibir\u00e1 la sociedad a trav\u00e9s de las telecomunicaciones y la multiplicidad de servicios que hace factible la digitalizaci\u00f3n y que abre perspectivas hist\u00f3ricas para el desarrollo, la convergencia digital es estimulada a partir de los criterios establecidos por este ordenamiento jur\u00eddico, privilegiando, por encima de cualquier otro, el inter\u00e9s p\u00fablico. La legislaci\u00f3n propuesta parte del reconocimiento y la b\u00fasqueda de la diversidad en los servicios y el acceso en condiciones de igualdad por parte de todos los ciudadanos, los grupos \u00e9tnicos, universidades e instituciones educativas y organismos comunitarios, garantizando los principios democr\u00e1ticos de pluralidad y libertad de expresi\u00f3n y derecho a la informaci\u00f3n y promoviendo la producci\u00f3n, edici\u00f3n y difusi\u00f3n de contenidos diversos que proyecten la pluralidad y diversidad cultural para todo tipo de audiencias, destinados a satisfacer sus necesidades de informaci\u00f3n, cultura, educaci\u00f3n y entretenimiento de la sociedad mexicana. En suma, como parte del proceso de reforma democr\u00e1tica del Estado se propone la creaci\u00f3n de una nueva Ley Federal de Telecomunicaciones y de Contenidos Audiovisuales que regule el uso, aprovechamiento y explotaci\u00f3n del espectro radioel\u00e9ctrico, las redes de telecomunicaciones, as\u00ed como la prestaci\u00f3n de servicios de telecomunicaciones y los contenidos audiovisuales. Otro principio fundamental parte de que las telecomunicaciones usan el mismo espectro, por lo que su regulaci\u00f3n debe partir de una planeaci\u00f3n integral para su administraci\u00f3n. En este sentido, los ejes fundamentales de la iniciativa se encuentran plasmados en sus objetivos: \u0095 Regular de manera objetiva, transparente, democr\u00e1tica, convergente y competitiva los servicios y redes de telecomunicaciones y la administraci\u00f3n del espectro radioel\u00e9ctrico; \u0095 Fomentar los servicios de telecomunicaciones que apoyen la educaci\u00f3n, salud, cultura, comercio electr\u00f3nico, seguridad p\u00fablica y el acceso a distancia a servicios gubernamentales; \u0095 Defender los intereses de los usuarios en la prestaci\u00f3n de los servicios de telecomunicaciones, asegurando su derecho de acceso en condiciones adecuadas de selecci\u00f3n, precio y calidad; \u0095 Impulsar la inversi\u00f3n y el desarrollo eficiente de la infraestructura y de los servicios de las telecomunicaciones; \u0095 Fomentar la competencia entre los diferentes prestadores de servicios de telecomunicaciones; \u0095 Crear condiciones a efecto de que los servicios de telecomunicaciones se proporcionen a precios asequibles y competitivos en t\u00e9rminos de diversidad y calidad; \u0095 Impulsar el incremento de la teledensidad, la penetraci\u00f3n y la conectividad de los servicios de telecomunicaciones, as\u00ed como la ampliaci\u00f3n de la cobertura a la poblaci\u00f3n rural y urbana de escasos recursos y a los pueblos y comunidades ind\u00edgenas, con objeto de apoyar su desarrollo; \u0095 Facilitar la convergencia de servicios de telecomunicaciones; \u0095 Hacer de las telecomunicaciones un medio de integraci\u00f3n nacional; \u0095 Promover el uso eficiente de los bienes del dominio p\u00fablico afectos a la prestaci\u00f3n de servicios de telecomunicaciones de manera objetiva, transparente y no discriminatoria; \u0095 Regular la eficiente interconexi\u00f3n e interoperabilidad de los diferentes equipos, aplicaciones y redes de telecomunicaciones; \u0095 Garantizar que en la prestaci\u00f3n de los servicios de telecomunicaciones, se respeten los derechos de los usuarios, en particular el de no discriminaci\u00f3n, al honor, a la intimidad, a la protecci\u00f3n de los datos personales y a la secrec\u00eda en las comunicaciones, as\u00ed como los relativos a las personas con discapacidad; \u0095 Garantizar las formas de participaci\u00f3n y acceso individual o social, seg\u00fan corresponda, en los servicios de telecomunicaciones; \u0095 Propiciar procesos abiertos para facilitar la definici\u00f3n de pol\u00edticas, con la participaci\u00f3n de los diversos interesados en el sector; \u0095 Garantizar los derechos de las audiencias as\u00ed como promover el respeto a las libertades de expresi\u00f3n y el derecho a la informaci\u00f3n; \u0095 Incentivar la creaci\u00f3n y producci\u00f3n de contenidos de car\u00e1cter nacional; \u0095 Garantizar la conservaci\u00f3n, preservaci\u00f3n y difusi\u00f3n del patrimonio audiovisual, as\u00ed como el acceso p\u00fablico a ese legado; \u0095 Impulsar la investigaci\u00f3n, la innovaci\u00f3n de servicios, y el desarrollo cient\u00edfico; y tecnol\u00f3gico, as\u00ed como la capacitaci\u00f3n de recursos humanos, en materia de telecomunicaciones. La Suprema Corte de Justicia de la Naci\u00f3n concluye que una correcta regulaci\u00f3n y supervisi\u00f3n de las comunicaciones resulta imprescindible para lograr el equilibrio o conciliaci\u00f3n entre la satisfacci\u00f3n de las necesidades de la poblaci\u00f3n que por conducto de estos medios se realiza, y la vigilancia que el Estado debe ejercer para que efectivamente se cumplan los valores que se desean fomentar y que se encuentran en nuestra Constituci\u00f3n, sin detrimento de la libertad de expresi\u00f3n, sujet\u00e1ndola \u00fanicamente a los l\u00edmites que el inter\u00e9s general demanda, por lo que el Estado debe asegurar que se respete la funci\u00f3n social encomendada a los medios de comunicaci\u00f3n. De acuerdo con lo anterior, es indudable la importancia social y el papel que juegan las comunicaciones. Por ello, la iniciativa se plantea como una disposici\u00f3n legal de orden p\u00fablico e inter\u00e9s social, toda vez que su objeto de regulaci\u00f3n \u0093las telecomunicaciones\u0094, son parte del g\u00e9nero \u0093comunicaciones\u0094, por tal raz\u00f3n, gozan de la funci\u00f3n, importancia, trascendencia y necesidad social antes mencionadas, resultando necesario, por dichas caracter\u00edsticas, que se consideren y se traten como de orden p\u00fablico e inter\u00e9s social. Para cumplir con los objetivos y principios que deben guiar la regulaci\u00f3n en materia de las telecomunicaciones y de la radio y televisi\u00f3n en el territorio nacional, la presente iniciativa se compone de los siguientes apartados. En el T\u00edtulo Primero, de los Principios Generales se establece el concepto integrador de las telecomunicaciones y la radiodifusi\u00f3n, en el que se comprenden las redes y servicios de telecomunicaciones, y otros subsectores de las comunicaciones electr\u00f3nicas a distancia que surjan en el futuro como producto de la evoluci\u00f3n tecnol\u00f3gica. En consecuencia queda establecido en este T\u00edtulo, que las telecomunicaciones son servicios p\u00fablicos de inter\u00e9s general que el Estado deber\u00e1 proteger y vigilar para asegurar, tanto la eficacia en su prestaci\u00f3n, como su utilizaci\u00f3n social, as\u00ed como para evitar fen\u00f3menos de concentraci\u00f3n que contrar\u00eden el inter\u00e9s p\u00fablico de acuerdo a lo se\u00f1alado por el art\u00edculo 28 de la Constituci\u00f3n. La intenci\u00f3n de la Ley es regular integralmente los servicios de telecomunicaciones y los de radiodifusi\u00f3n (radio y televisi\u00f3n abierta) y la radio y la televisi\u00f3n restringidas, estos integrados bajo la denominaci\u00f3n de servicios de radio y televisi\u00f3n. As\u00ed es que cuando se refiera a estos servicios, (abierta y restringida) se se\u00f1alar\u00e1n como de radio y televisi\u00f3n. Tanto la radiodifusi\u00f3n, que transmite se\u00f1ales de manera abierta y gratuita como la radio y televisi\u00f3n restringida, en la que existe una contraprestaci\u00f3n del usuario a cambio de la recepci\u00f3n de la se\u00f1al, est\u00e1n comprendidas dentro del servicio de radio y televisi\u00f3n. Se reconoce que aun cuando en ambas modalidades se presta el mismo servicio, cada una lo hace bajo condiciones distintas y por ello merecen una denominaci\u00f3n espec\u00edfica. Los servicios de telecomunicaciones podr\u00e1n ser diferenciados en el cuerpo de la ley de acuerdo a los servicios espec\u00edficos a los que se refieren los preceptos. Regular al servicio en su conjunto, tiene adem\u00e1s el objetivo de permitir que la ley responda a los cambios tecnol\u00f3gicos que ya se est\u00e1n dando y que continuar\u00e1n en los pr\u00f3ximos a\u00f1os, en los que se prev\u00e9 el uso eficiente de las frecuencias, bandas de frecuencias y su convergencia (servicios diversos que a trav\u00e9s de una misma infraestructura pueden ofrecerse dado el avance de las telecomunicaciones). En el art\u00edculo 5 se exponen los principios y responsabilidades que deber\u00e1n observar los prestadores de servicios de telecomunicaciones, en particular los que prestan el servicio de radio y televisi\u00f3n para cumplir de manera eficiente la importante funci\u00f3n social que tiene encomendada el servicio. Se propone extender y adecuar las obligaciones de funci\u00f3n social a los cambios democr\u00e1ticos, a las demandas sociales y los compromisos internacionales que ha asumido el pa\u00eds en materia de derechos humanos, especialmente la libertad de expresi\u00f3n y el derecho a la informaci\u00f3n; adem\u00e1s de valores como la no discriminaci\u00f3n, la tolerancia, la pluralidad y la equidad de g\u00e9nero; la democracia y la paz; la defensa y respeto de la esencia pluricultural de la Naci\u00f3n; la protecci\u00f3n del medio ambiente y el desarrollo sustentable; el desarrollo integral de la ni\u00f1ez y la juventud, as\u00ed como la protecci\u00f3n de los derechos de los grupos vulnerables. Para la mejor comprensi\u00f3n de la importancia de estos principios, baste retomar aqu\u00ed lo establecido por el Ministro de la Suprema Corte, Genaro David G\u00f3ngora Pimentel al respecto: \u0093La televisi\u00f3n afecta en t\u00e9rminos sustantivos la vida diaria del individuo, lo que implica que quienes tengan acceso al uso del espectro radioel\u00e9ctrico para prestar el servicio de radiodifusi\u00f3n, tendr\u00e1n la posibilidad de permear el tejido social y de encausar el derrotero del grupo o comunidad que toman como objeto afectando y determinando sus patrones y modos de vida\u0094. \u0093Esta realidad evidencia la vulnerabilidad de las audiencias frente a los emisores y pone de manifiesto la necesidad de darle mayor peso a los derechos de expresi\u00f3n, informaci\u00f3n y prensa, desde el punto de vista de los receptores, es decir, desde la perspectiva de la dimensi\u00f3n social de este derecho, as\u00ed, trat\u00e1ndose de medios de comunicaci\u00f3n que requieren del uso de un bien p\u00fablico restringido como es el espectro radioel\u00e9ctrico, el Legislador est\u00e1 obligado a regularlo de manera tal que garantice la igualdad de oportunidades para su acceso y propicie un pluralismo que asegure a la sociedad la permanente apertura de un proceso de comunicaci\u00f3n que vivifique la democracia y la cultura\u0094. En el T\u00edtulo II referido a los \u00e1mbitos de jurisdicci\u00f3n y competencia se delimitan las atribuciones del \u00f3rgano regulador que transforma a la actual Comisi\u00f3n Federal de Telecomunicaciones, en el Instituto Federal de Telecomunicaciones y Contenidos Audiovisuales. Esta transformaci\u00f3n se da en virtud de que la ley ampl\u00eda su \u00e1mbito de competencia como \u00f3rgano regulador que deber\u00e1 responder con la independencia necesaria para la regulaci\u00f3n de un sector de fundamental importancia para la democracia y el desarrollo tecnol\u00f3gico de las comunicaciones. Adem\u00e1s de la especialidad que se requiere para su operaci\u00f3n y administraci\u00f3n, toda vez que se ocupar\u00e1 tambi\u00e9n de la regulaci\u00f3n de los contenidos de la radio y la televisi\u00f3n que son los servicios principales y el instrumento necesario para el ejercicio de los derechos constitucionales de la libertad de expresi\u00f3n y el derecho a la informaci\u00f3n. En virtud de la multicitada sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Naci\u00f3n respecto al \u00f3rgano regulador, cuando plante\u00f3 que reconociendo la necesidad de una independencia de gesti\u00f3n y decisiones, y aunque deben respetarse su naturaleza y caracter\u00edsticas esenciales, no deja de ser un \u00f3rgano t\u00e9cnico que, como descentralizado, depende del Ejecutivo Federal. Por ello, a la Secretar\u00eda de Comunicaciones y Transportes se le atribuye la responsabilidad de definir las Pol\u00edticas del sector y atender el desarrollo de la necesaria infraestructura para atender las obligaciones de cobertura social. Asimismo, el M\u00e1ximo Tribunal se\u00f1al\u00f3 que es necesario que la Ley limite la intervenci\u00f3n de la dependencia (Secretar\u00eda de Comunicaciones y Transportes) en las determinaciones de Instituto vinculadas con su tarea sustantiva, a efecto de eliminar en forma precisa la \u0093doble ventanilla\u0094. En lo que se refiere al \u00f3rgano regulador la necesidad de trascender los l\u00edmites de la autonom\u00eda t\u00e9cnica, en las circunstancias actuales resulta pertinente fortalecer las atribuciones del nuevo ente regulador mediante un esquema org\u00e1nico funcional que no limite su capacidad t\u00e9cnica para la eficiente administraci\u00f3n del espectro radioel\u00e9ctrico, en congruencia con lo dispuesto por el p\u00e1rrafo sexto del art\u00edculo 27 de la Constituci\u00f3n. Es as\u00ed que el Instituto Federal de Telecomunicaciones y Contenidos Audiovisuales estar\u00e1 en aptitud de \u0093regular, promover, vigilar y supervisar el desarrollo eficiente, la cobertura social amplia y fomentar la competencia efectiva en la prestaci\u00f3n de los servicios de telecomunicaciones, as\u00ed como regular y vigilar los contenidos audiovisuales de la radio y la televisi\u00f3n\u0094, de tal suerte que incluso su denominaci\u00f3n resulta acorde con las atribuciones que habr\u00e1 de ejercitar. En efecto, la transformaci\u00f3n de la actual Comisi\u00f3n Federal de Telecomunicaciones en Instituto Federal de Telecomunicaciones y Contenidos Audiovisuales, no es s\u00f3lo nominal, pues las atribuciones del nuevo \u00f3rgano regulador se hacen bajo un enfoque integral, al adicionarle facultades para regular y vigilar los contenidos audiovisuales de la radio y la televisi\u00f3n, con lo cual, se atiende un a\u00f1ejo reclamo social en el sentido de no atribuir una tarea de tal magnitud ?estrechamente vinculada con la funci\u00f3n social a que se encuentran afectos este tipo de servicios?, a una dependencia cuya vocaci\u00f3n es fundamentalmente pol\u00edtica como lo es la Secretar\u00eda de Gobernaci\u00f3n. Por otra parte, como se mencion\u00f3 con antelaci\u00f3n, la asignaci\u00f3n de atribuciones al Instituto, se hace bajo un enfoque org\u00e1nico funcional de tal suerte que la administraci\u00f3n del espectro radioel\u00e9ctrico, en particular lo relativo a los procesos para la asignaci\u00f3n de frecuencias o bandas de frecuencias ser\u00e1 ejercitada por conducto del Instituto, en su car\u00e1cter de \u00f3rgano especializado en la materia, para lo cual se le ha dotado de facultades para dictar sus resoluciones. De esta manera, se acota la discrecionalidad que hist\u00f3ricamente ha caracterizado el otorgamiento de concesiones y permisos, pues habr\u00e1 de recordarse que a partir de la creaci\u00f3n de la Comisi\u00f3n Federal de Telecomunicaciones se desconcentr\u00f3 formalmente la funci\u00f3n t\u00e9cnica, aunque no se le otorgaron facultades espec\u00edficas que le permitieran administrar con eficacia y eficiencia los procesos de licitaci\u00f3n del espectro. La idea de que su naturaleza desconcentrada ayudaba a transparentar la decisi\u00f3n pol\u00edtica de otorgar las concesiones y permisos, particularmente en lo que corresponde a radiodifusi\u00f3n, constituy\u00f3 siempre una falacia. Ahora, dada la importancia de las telecomunicaciones, nuestra Constituci\u00f3n establece en los art\u00edculos 25, 26 y 28, la obligaci\u00f3n del Estado de ejercer rector\u00eda sobre la materia. Esto implica, de acuerdo a lo se\u00f1alado por la Suprema Corte de Justicia de la Naci\u00f3n que el Estado tiene la obligaci\u00f3n de realizar una correcta regulaci\u00f3n y supervisi\u00f3n de las telecomunicaciones, a fin de asegurar que se respete y cumpla su funci\u00f3n social. Para asegurar lo anterior, en la iniciativa se plantea que tanto la Secretar\u00eda, como el Instituto, cuenten con diversas atribuciones para expedir disposiciones administrativas, planes t\u00e9cnicos fundamentales, normas oficiales y resoluciones administrativas, as\u00ed como facultades para resolver desacuerdos entre operadores, a fin de que cuenten con herramientas regulatorias que les permitan ejercer la rector\u00eda que le corresponde al Estado en la materia, ya que dichas facultades le permitir\u00e1n adoptar las medidas necesarias t\u00e9cnicas, comerciales o jur\u00eddicas, entre otras, para encauzar y asegurar que las telecomunicaciones cumplan con su funci\u00f3n social. Esto implica el establecimiento de diversas obligaciones y derechos a cargo de los concesionarios, permisionarios o asignatarios pues ellos son a los que el Estado faculta, autoriza o concesiona la explotaci\u00f3n, uso y aprovechamiento de los medios necesarios para proveer a la poblaci\u00f3n, los servicios de telecomunicaci\u00f3n que demandan sus necesidades. Entendidas as\u00ed dichas facultades, los actos y resoluciones que al respecto emitan las autoridades que se faculten, s\u00f3lo pueden entenderse de orden p\u00fablico e inter\u00e9s social, ya que su finalidad estriba en establecer las medidas t\u00e9cnicas, administrativas, legales o comerciales que el rector en la materia establecer\u00eda, para buscar que las telecomunicaciones cumplan su funci\u00f3n social. Ahora, para proteger y garantizar la ejecuci\u00f3n de dichas medidas, se establece en la iniciativa que en contra de los actos y resoluciones que se emitan, no proceda el otorgamiento de suspensi\u00f3n alguna por parte de autoridad administrativa o jurisdiccional, pues es claro, de acuerdo a esta exposici\u00f3n, que ser\u00eda contraria al orden p\u00fablico e inter\u00e9s social, porque se estar\u00eda impidiendo realizar y llevar a cabo aquellas medidas adoptadas para garantizar o encauzar el cumplimiento de la funci\u00f3n social de las telecomunicaciones y la eficiente administraci\u00f3n del espectro radioelectrico, lo que sin duda, ser\u00eda contrario y perjudicial al inter\u00e9s de la sociedad. En lo que corresponde a la integraci\u00f3n del \u00f3rgano regulador, se mantiene la figura del Pleno como instancia m\u00e1xima para la toma de decisiones y se aumenta el n\u00famero de comisionados de cinco a siete, en congruencia con el enfoque integral de las atribuciones que habr\u00e1 de ejercer, tanto en materia de telecomunicaciones como para la regulaci\u00f3n y vigilancia de los contenidos audiovisuales de la radio y la televisi\u00f3n. En cuanto al perfil de los comisionados se promueve la integraci\u00f3n multidisciplinaria, de tal manera que el Pleno del Instituto cuente con \u0093especialistas vinculados con aspectos t\u00e9cnicos, econ\u00f3micos o jur\u00eddicos de las telecomunicaciones, y aspectos sociales, cient\u00edficos, educativos o culturales de los contenidos audiovisuales\u0094, con lo cual se asegura que para la toma de decisiones se tomen en cuenta diversos puntos de vista, lo cual contribuye a que prevalezca un sentido de pluralidad. A diferencia del marco jur\u00eddico vigente, se introducen requisitos que acotan la posibilidad de nombrar en el cargo a personas que por sus antecedentes profesionales pudieran presentar conflicto de intereses, pues debe recordarse que en la explotaci\u00f3n, uso o aprovechamiento de recursos del dominio de la federaci\u00f3n, como en el caso concreto lo es el espectro radioel\u00e9ctrico, debe prevalecer el inter\u00e9s p\u00fablico. De esta manera, se adicionan como requisitos para los comisionados: I. No tener relaci\u00f3n econ\u00f3mica, profesional o de \u00edndole corporativa, con empresas dedicadas a las actividades reguladas o vinculadas permanentemente a \u00e9stas; y II. No haber desempe\u00f1ado en los dos a\u00f1os anteriores al d\u00eda de la designaci\u00f3n, alguno de los siguientes cargos o actividades: a. De dirigencia de partido pol\u00edtico; b. De candidato o cargo de elecci\u00f3n popular; c. De concesionario o permisionario en telecomunicaciones de manera directa o indirecta; d. De directivo o accionista de empresa privada concesionaria o permisionaria en la materia regulada; e. De ministro de culto religioso, y f. Cualquier otro que por sus caracter\u00edsticas genere conflicto de intereses con la materia regulada. Por otra parte, se prev\u00e9 la integraci\u00f3n de un Consejo Consultivo, cuya funci\u00f3n se encuentra estrechamente vinculada con las atribuciones que se adicionan al actual ente regulador, en lo que corresponde a la regulaci\u00f3n y vigilancia de los contenidos de la radio y la televisi\u00f3n. Las nuevas disposiciones en materia de radiodifusi\u00f3n precisan que el Consejo Consultivo \u0093es un \u00f3rgano plural de representaci\u00f3n social, conformado por once ciudadanos, de amplio y reconocido prestigio profesional en el campo de la comunicaci\u00f3n que ser\u00e1n seleccionados por el pleno del Instituto, a propuesta de instituciones acad\u00e9micas, organizaciones civiles u otras de comprobada trayectoria y amplio reconocimiento, cuyas actividades y objetivos profesionales se relacionen principalmente con la materia. Con el prop\u00f3sito de asegurar una instancia plural alejada de intereses personales, se regula la integraci\u00f3n del Consejo mediante cargos a t\u00edtulo honor\u00edfico, y personal, pues de otra forma se estar\u00eda posibilitando la asistencia de personas que podr\u00edan no satisfacer los requisitos que impone la Ley. De igual manera, la legislaci\u00f3n har\u00e1 posible la integraci\u00f3n de uno o varios comit\u00e9s consultivos de nuevas tecnolog\u00edas, que podr\u00e1n constituirse a manera de \u00f3rganos de consulta para el estudio, evaluaci\u00f3n y adopci\u00f3n nacional de est\u00e1ndares tecnol\u00f3gicos. Para ello, se introdujo en la Ley un principio de equidad que favorezca la presencia, a t\u00edtulo honor\u00edfico, \u0093de asociaciones o c\u00e1maras de los operadores y fabricantes de equipos, de asociaciones profesionales especializadas en la materia, y de asociaciones de usuarios\u0094. En el T\u00edtulo III de la Planeaci\u00f3n y administraci\u00f3n del espectro radioel\u00e9ctrico se introducen innovaciones importantes respecto a las leyes que se reforman. Las reglas establecidas para el uso y explotaci\u00f3n del espectro radioel\u00e9ctrico en todos los servicios de telecomunicaciones, son uniformes salvo en aquellas en que espec\u00edficamente se refieren a la radio y la televisi\u00f3n, y que se distinguen, hasta hoy, por la unidireccionalidad y por el servicio p\u00fablico de transmisi\u00f3n de contenidos que los distingue. En primer t\u00e9rmino se ratifica lo establecido en el p\u00e1rrafo quinto del art\u00edculo 27 de la Constituci\u00f3n, en cuanto a que \u0093la explotaci\u00f3n, el uso o el aprovechamiento de los recursos de que se trata, por los particulares o por sociedades constituidas conforme a las leyes mexicanas, solo podr\u00e1 realizarse mediante concesiones de acuerdo con las reglas y condiciones que establezcan las leyes\u0094, por lo que la \u00fanica figura jur\u00eddica reconocida constitucionalmente para la explotaci\u00f3n de frecuencias del espectro radioel\u00e9ctrico es el de la concesi\u00f3n, salvo en el caso de las frecuencias o bandas de frecuencias operadas directamente para uso p\u00fablico que ser\u00e1n asignadas de manera directa mediante procedimientos establecidos en la Ley, en atenci\u00f3n puntual al engrose de la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Naci\u00f3n y en apego estricto al art\u00edculo 27 Constitucional. Asimismo, se establece la diferencia o modalidad a partir de los usos asignados a las frecuencias o bandas de frecuencias del espectro, de acuerdo a lo siguiente: Uso comercial: para explotaci\u00f3n con fines de lucro; Uso social:, para fines sociales, culturales, comunitarios, cient\u00edficos y educativos sin fines de lucro Uso p\u00fablico: asignadas de manera directa al gobierno federal, los gobiernos estatales y municipales y los organismos constitucionales aut\u00f3nomos, e instituciones de educaci\u00f3n suprior para el cumplimiento de sus atribuciones; Uso privado: para su explotaci\u00f3n sin fines de lucro con prop\u00f3sitos de radiocomunicaci\u00f3n privada, de experimentaci\u00f3n, comprobaci\u00f3n de viabilidad t\u00e9cnica y econ\u00f3mica de tecnolog\u00edas de desarrollo, pruebas temporales de equipo y radioaficionados Uso protegido: para la radionavegaci\u00f3n mar\u00edtima, aeron\u00e1utica y dem\u00e1s servicios que deban ser protegidos conforme a los tratados y acuerdos internacionales ratificados por el gobierno federal; Uso libre: utilizaci\u00f3n por el p\u00fablico en general, sujet\u00e1ndose a las condiciones de operaci\u00f3n que establezca el Instituto Uso reservado: frecuencias o bandas de frecuencias no atribuidas a ning\u00fan servicio en el Cuadro Nacional de Atribuci\u00f3n de Frecuencias. Para la transparencia en la administraci\u00f3n del espectro se establece la obligaci\u00f3n de la autoridad de publicar un Programa Anual de Frecuencias con la disponibilidad de frecuencias o bandas de frecuencias del espectro radioel\u00e9ctrico que podr\u00e1n ser objeto de licitaci\u00f3n p\u00fablica o asignaci\u00f3n directa, y que contendr\u00e1, al menos, los servicios que pueden prestarse, su clasificaci\u00f3n, modalidades de uso y coberturas geogr\u00e1ficas. En el Titulo IV se establece que las concesiones para operar frecuencias o bandas de frecuencias del espectro radioel\u00e9ctrico quedan tambi\u00e9n acotadas a una serie de requerimientos que esta iniciativa propone: \u0095 Se otorgar\u00e1n a personas f\u00edsicas o morales de nacionalidad mexicana. \u0095 Las instituciones religiosas, los ministros de culto, los partidos pol\u00edticos y sus directivos, no podr\u00e1n ser titulares de concesiones de forma directa o indirecta, ni participar en el r\u00e9gimen societario de personas morales que sean o pretendan ser titulares de dichos derechos. \u0095 Los servidores p\u00fablicos vinculados con las materias reguladas en esta Ley y las empresas en las cuales posean participaci\u00f3n accionaria, no podr\u00e1n participar de forma directa o indirecta, en una licitaci\u00f3n o convocatoria para el otorgamiento de concesiones, durante su encargo, y en los dos a\u00f1os posteriores a su t\u00e9rmino. \u0095 Los concesionarios deber\u00e1n adoptar las innovaciones tecnol\u00f3gicas en cuya incorporaci\u00f3n est\u00e9 claramente identificado el beneficio directo para el mejor aprovechamiento del espectro radioel\u00e9ctrico. En el caso de la inversi\u00f3n extranjera directa se propone que para las telecomunicaciones sea hasta del 100 por ciento para las concesiones del espectro radioel\u00e9ctrico de uso comercial, salvo en el caso de aquellas atribuidas y asignadas para la prestaci\u00f3n de servicios de radiodifusi\u00f3n en las que s\u00f3lo se permitir\u00e1 inversi\u00f3n extranjera directa hasta el 25 por ciento, debiendo ajustarse este porcentaje a los convenios de reciprocidad del pa\u00eds de origen de la inversi\u00f3n. En ambos casos, la participaci\u00f3n de inversi\u00f3n extranjera deber\u00e1 ser autorizada por la Comisi\u00f3n Nacional de Inversiones Extranjeras. Se establecen tambi\u00e9n los procedimientos que deber\u00e1n ser atendidos para acceder a estas frecuencias y para el caso de las de uso comercial se establece el procedimiento de licitaci\u00f3n p\u00fablica y el pago de una contraprestaci\u00f3n que ya se llevaba a cabo en el caso de las telecomunicaciones regidas por su ley espec\u00edfica pero no as\u00ed en la Ley Federal de Radio y Televisi\u00f3n. La Suprema Corte de Justicia de la Naci\u00f3n reconoci\u00f3 que no existe: \u0093raz\u00f3n v\u00e1lida alguna que justifique el trato privilegiado que se otorga a los concesionarios de radio y televisi\u00f3n abiertas al permitirles acceder a concesiones de servicios de telecomunicaci\u00f3n sin sujetarlos al procedimiento de licitaci\u00f3n y sin que se les exija el pago de la contraprestaci\u00f3n correspondiente. Lo que en t\u00e9rminos de competencia y libre concurrencia, constituye un claro trato discriminatorio que provoca, entre otras cosas, para los permisionarios de radiodifusi\u00f3n, concesionarios en telecomunicaciones y terceros interesados en una nueva concesi\u00f3n, una significativa barrera a la entrada a este mercado [\u0085] que propicia pr\u00e1cticas monop\u00f3licas de los agentes que pretendan hacer uso del poder sustancial que tienen en el sector de la radiodifusi\u00f3n\u0094. Por ello, en esta propuesta, el Gobierno Federal tendr\u00e1 derecho a recibir una contraprestaci\u00f3n econ\u00f3mica por el otorgamiento de la concesi\u00f3n correspondiente, cuando se trate de la modalidad con fines de lucro. Buscando la equiparaci\u00f3n con los criterios que nos permite el contexto internacional, en el caso de la radiodifusi\u00f3n la concesi\u00f3n tendr\u00e1 una duraci\u00f3n de hasta 10 a\u00f1os y en los dem\u00e1s servicios de telecomunicaciones por un periodo de hasta 15 a\u00f1os. La Comisi\u00f3n Federal de Competencia deber\u00e1 participar desde el dise\u00f1o de las bases de licitaci\u00f3n, y en atenci\u00f3n a la prohibici\u00f3n constitucional de los monopolios y sus pr\u00e1cticas concentradoras que constituyan ventajas a favor de una o varias personas con perjuicio del p\u00fablico en general, la Comisi\u00f3n Federal de Competencia determinar\u00e1, de conformidad con la Ley Federal de Competencia Econ\u00f3mica, que prestadores del servicio de radio y televisi\u00f3n no podr\u00e1n obtener m\u00e1s concesiones en el mismo servicio, categor\u00eda y zona geogr\u00e1fica de cobertura. Para el caso de los refrendos de las concesiones, la Suprema Corte de Justicia de la Naci\u00f3n en su Sentencia 26\/2006 claramente estableci\u00f3 que \u0093Para que el refrendo de una concesi\u00f3n y la preferencia que se otorgue a su titular resulten apegados a la Ley Suprema, es menester que el titular de la concesi\u00f3n, al t\u00e9rmino de la misma, compita nuevamente, en igualdad de circunstancias, con otros interesados\u0094. La preferencia sobre terceros para el concesionario con motivo del refrendo, s\u00f3lo implica que se le prefiera cuando se presente un equilibrio total o una igualdad absoluta entre varios interesados en cuanto a su idoneidad y al cumplimiento de los requisitos exigidos para su otorgamiento adem\u00e1s de la revisi\u00f3n de su expediente legal a efecto de que las sanciones y la reiteraci\u00f3n de incumplimientos graves causen consecuencias en la renovaci\u00f3n o no. Respecto a las asignaciones para uso p\u00fablico, para las entidades del gobierno federal, los gobiernos de las entidades federativas y los municipios, se deber\u00e1 acreditar la constituci\u00f3n de organismos p\u00fablicos descentralizados, a trav\u00e9s de los cuales se prestar\u00e1n los servicios para asegurar su autonom\u00eda de gesti\u00f3n e independencia editorial, en cuyos \u00f3rganos de gobierno deber\u00e1 garantizarse la participaci\u00f3n de los sectores privado y social. Adem\u00e1s de que se les obliga a constituir Consejos Consultivos encargados de promover contenidos acordes con la funci\u00f3n social prevista en esta Ley, contar\u00e1n con un defensor de la audiencia y publicar\u00e1n sus c\u00f3digos de \u00e9tica. Atendiendo a los criterios establecidos en los debates de la Suprema Corte de Justicia de la Naci\u00f3n, el Ministro Mariano Azuela, al discutir el 29 de mayo de 2007, los art\u00edculos referidos a los permisos incluidos en la Acci\u00f3n de Inconstitucionalidad expres\u00f3: \u0093Lo que corresponde a los concesionarios y permisionarios, nos vamos a dar cuenta de algo que a m\u00ed me parece verdaderamente curioso; que lo comercial, lo que es para especular y ganar dinero, todo es clar\u00edsimo, y un trato muy distinto a los permisionarios, que son los que se van a dedicar de una manera directa, a todo lo que es el objetivo fundamental de la Ley; est\u00e1n sujetos a una gran discrecionalidad; y por ah\u00ed, hay una disposici\u00f3n de que no pueden tener anuncios comerciales, con lo que se establece un r\u00e9gimen de una televisi\u00f3n fuerte, importante, digitalizada que es la comercial, y una televisioncita modesta, casi dir\u00edamos de funci\u00f3n meramente altruista, para cumplir con las grandes finalidades que se establecen en la Ley de Radio y Televisi\u00f3n. Que hay desigualdad, me parece que hay desigualdad; porque la igualdad debe ser en torno a lo que se est\u00e1 pretendiendo, que es utilizar el espectro radioel\u00e9ctrico; y en ese sentido, debe haber perfecta igualdad. Las diferencias deben ser para que se act\u00fae en raz\u00f3n de ellas; y para m\u00ed, dando mayor facilidad; dando mayores apoyos; dando mayor seguridad jur\u00eddica a los permisionarios y no a los concesionarios\u0094. En este sentido se establecen y regulan las fuentes de financiamiento para las asignaciones de uso p\u00fablico y las concesiones de uso social incorporando la posibilidad de recibir donativos, en dinero o en especie, venta de productos y\/o servicios, as\u00ed como recibir patrocinios y publicidad, acotada a 12 minutos por hora de programaci\u00f3n en el caso de la televisi\u00f3n y 24 minutos por hora en la radio. En todo caso, trat\u00e1ndose de medios que adem\u00e1s reciben presupuesto p\u00fablico, estar\u00e1n obligados a rendir un informe anual sobre sus ingresos adicionales y su forma de aplicarlos al proyecto. La Red de Radiodifusoras y Televisoras Educativas y Culturales de M\u00e9xico, A.C., entrego al Grupo Plural del Senado de la Republica una propuesta para su propia regulaci\u00f3n, entre los puntos a destacar que han sido considerados en esta propuesta se encuentran: Que los medios estatales constituyan entes p\u00fablicos con independencia editorial; autonom\u00eda de gesti\u00f3n financiera; garant\u00edas de participaci\u00f3n ciudadana; claras reglas para la transparencia y rendici\u00f3n de cuentas; defensa de sus contenidos; finanzas sanas para que cuenten con alternativas de financiaci\u00f3n; pleno acceso a tecnolog\u00edas; reglas para la expresi\u00f3n de diversidades ideol\u00f3gicas, \u00e9tnicas y culturales; espacios de inclusi\u00f3n de la m\u00e1s amplia participaci\u00f3n social; un ombudsman; una decidida regulaci\u00f3n que proteja al patrimonio audiovisual. Constituirlos como medios p\u00fablicos reales; establecer su definici\u00f3n, principios, fines y elementos que requieren para garantizar su plena existencia\u0094!. \u0093Estos medios deben contar con plena independencia editorial, para ello es necesario que cuenten con un \u00f3rgano colegiado de amplia representaci\u00f3n social, que plantee las pol\u00edticas de desarrollo de las emisoras. En la concepci\u00f3n plural de un medio p\u00fablico, las voces que m\u00e1s importan son las que no se escuchan: garantizar la participaci\u00f3n social, que los contenidos reflejen la pluralidad de M\u00e9xico y del mundo\u0094. \u0093Es necesario contar con autonom\u00eda financiera: recursos fiscales realmente necesarios y r\u00e1pidos en los presupuestos corrientes; eliminar la prohibici\u00f3n de comercializar tiempo aire, porque la comercializaci\u00f3n puede tener fines distintos al lucro, mediante una adecuada regulaci\u00f3n, no lucrativa y responsable (l\u00edmites claros de tiempo, obligaci\u00f3n de reinvertir los recursos, que no desvirt\u00fae el car\u00e1cter educativo, cultural, de informaci\u00f3n social de los medios p\u00fablicos). Esta es una pr\u00e1ctica cotidiana en pa\u00edses con s\u00f3lidas econom\u00edas de mercado. En M\u00e9xico se ha interpretado como una competencia desleal. Pero como lo han mostrado elementos y cifras, podemos afirmar que hist\u00f3ricamente no han sido los medios p\u00fablicos los que han sido beneficiados por la entrega de recursos p\u00fablicos. No hay argumentos s\u00f3lidos para dicha prohibici\u00f3n\u0094. Por tratarse de medios de uso p\u00fablico estar\u00e1n sujetos a una serie de responsabilidades sin dem\u00e9rito de las establecidas en el art\u00edculo 5 de esta Ley. Entre las obligaciones adicionales que deber\u00e1n atender estos medios se encuentran: \u0095 Coadyuvar en la promoci\u00f3n y defensa de los derechos fundamentales plasmados en la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica de los Estados Unidos Mexicanos, en especial los derechos a la educaci\u00f3n, a la salud, a la informaci\u00f3n y la libertad de expresi\u00f3n; \u0095 Difundir informaci\u00f3n de inter\u00e9s p\u00fablico, plural y confiable; \u0095 Fortalecer las identidades regionales en el marco de la unidad nacional fomentando en los contenidos el reconocimiento de que nuestra naci\u00f3n es plural y multi\u00e9tnica; \u0095 Fomentar la creatividad y los valores art\u00edsticos regionales y nacionales a trav\u00e9s del apoyo, diversificaci\u00f3n y divulgaci\u00f3n de la producci\u00f3n de contenidos; \u0095 Privilegiar los contenidos de producci\u00f3n nacional y estimular la producci\u00f3n independiente; \u0095 Promover la investigaci\u00f3n y la reflexi\u00f3n sobre las telecomunicaciones, en especial sobre la radio y la televisi\u00f3n educativa, cient\u00edfica, social, cultural, informativa y de entretenimiento de calidad; \u0095 Promover la experimentaci\u00f3n art\u00edstica y tecnol\u00f3gica en los \u00e1mbitos audiovisual y sonoro; \u0095 Conservar, custodiar y acrecentar el patrimonio audiovisual y sonoro nacional; \u0095 Transparentar la gesti\u00f3n p\u00fablica e informar a la ciudadan\u00eda sobre sus programas y acciones y garantizar el derecho de r\u00e9plica de todo ciudadano; \u0095 Promover, fomentar y garantizar la participaci\u00f3n de la sociedad en la planeaci\u00f3n, gesti\u00f3n, evaluaci\u00f3n y vigilancia de la administraci\u00f3n, direcci\u00f3n y contenidos; y \u0095 Evitar el uso con fines de promoci\u00f3n personal a los gobernantes y dar un trato equitativo e imparcial en el manejo de la informaci\u00f3n pol\u00edtica, sobre todo en el periodo de contiendas electorales, garantizando las mismas condiciones de acceso a las diferentes fuerzas pol\u00edticas y sociales. En la Secci\u00f3n III de este Cap\u00edtulo I del Titulo IV se incorporan las concesiones del espectro radioel\u00e9ctrico para uso social, atendiendo a una demanda social claramente expuesta en las consultas y audiencias al respecto y que a lo largo del tiempo se han realizado exigiendo el acceso social a los medios de comunicaci\u00f3n. Por ejemplo, la Asociaci\u00f3n Mundial de Radios Comunitarias (AMARC), durante su comparecencia ante el Grupo Plural apunt\u00f3 lo siguiente: \u0093La AMARC propone que se reconozca y promueva el derecho de las comunidades, grupos y asociaciones sociales sin fines de lucro para prestar el servicio de radiodifusi\u00f3n comunitaria. No clasificar a los medios sino el servicio que se pretende dar a este tipo de comunidades. 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