Javier Corral Jurado | La Silla Rota
El gobernador César Duarte Jáquez acumuló esta semana una nueva responsabilidad, ya en el ocaso de su administración: estará al frente de la fiscalía especializada en anticorrupción, que crea la nueva ley aprobada el pasado jueves 21 de abril por el Congreso del Estado. No, no es un mal chiste de mi parte, es en serio, tanto el PRI, como el PRD, PVEM, MC, PT y PANAL, dejaron en el ámbito de las facultades del Fiscal General del Estado – léase el Gobernador – nombrar al encargado del combate a la corrupción. Por supuesto que es una burla y una provocación a la sociedad.
El que acumula el enriquecimiento personal más escandaloso de todas las épocas en Chihuahua, en un tránsito multi-empresarial de lotero a banquero, ganadero, nogalero, hotelero, distribuidor de medicinas y farmacéutico, el mismo que mandó quemar el helicóptero del gobierno estatal y tiene como costumbre firmar fideicomisos bancarios sin leerlos poniendo como garantía de sus dichos su machismo, el mismísimo que brindó con vino de cien mil pesos, quedó en los hechos al frente de la política anticorrupción. Es como si al frente del organismo de combate a las drogas se pusiera al Chapo Guzmán.
El cinismo se dibuja en ese acto legislativo, pero los efectos, las consecuencias están relatadas en las cifras. La corrupción permea, se extiende, sus garras son largas. Chihuahua se encuentra en los primeros lugares entre las entidades más corruptas, indicadores de rendición de red cuentas, de transparencia y corrupción ilustran de manera esclarecedora la realidad: el Índice del Derecho de Acceso a la Información en México (idaim), elaborado por Fundar Centro de Análisis e Investigación (2014), da a Chihuahua una calificación apenas aprobatoria de 6.7, en cuanto a diseño institucional reprobamos (5.8) debido a las deficiencias en el engranaje institucional garante del derecho de acceso a la información.
De acuerdo a la última Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), Chihuahua tiene el primer lugar con la tasa de incidencia de corrupción más alta. Estamos hablando de 44,006 actos de corrupción por cada cien mil habitantes, casi el doble del promedio nacional, y tenemos el cuarto lugar entre las entidades más corruptas del país, con una tasa de prevalencia de corrupción de 14,675 (víctimas de corrupción) por cada cien mil habitantes. Para 87% de los mexicanos la corrupción es un problema de grave a muy grave. El 77.2% de la población de 18 años y mayores considera que la corrupción en los gobiernos estatales es “muy frecuente” y “frecuente”.
En 2014 Carlos Grandet, investigador del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), expuso ante la Coparmex que de acuerdo a la percepción de los ciudadanos Chihuahua ocupa el primer lugar de corrupción de funcionarios, expresó que 98% de los chihuahuenses cree que el gobierno estatal incurre en prácticas de corrupción “muy frecuentemente” (El Diario, 27/03/14).
Pero al estado y al país no sólo los lacera la corrupción, es la impunidad y el cinismo lo que más lastra. La investigación México: Anatomía de la Corrupciónrealizada por María Amparo Casar refiere que de 2000 a 2013 fueron exhibidos 71 casos de corrupción por parte de 41 gobernadores (de los 63 que hubo en ese período), de los cuales solo 16 fueron investigados y sólo 4 gobernadores fueron procesados, el mismo reporte hace una comparación con Estados Unidos, en donde en el mismo período 9 gobernadores fueron investigados, 9 fueron procesados y 9 detenidos. Es este el nivel de impunidad que nos ha caracterizado por años, es este sistema al que nos enfrentamos. Los delitos por los que han sido acusados son peculado, lavado de dinero, narcotráfico y asociación delictuosa.
La misma investigación señala: “las denuncias, averiguaciones y consignaciones en relación a los presuntos actos de corrupción protagonizados por los gobernadores y exhibidos por el periodismo de investigación constituye otro conjunto de datos que resulta útil para mostrar lo inservible de las instituciones anticorrupción y la falta de compromiso de los sucesivos gobiernos en esta materia”. ¿Les suena familiar?
Lo grotesco es que el acto legislativo mediante el cual se pone al coyote a cuidar al gallinero, se realizó prácticamente a escondidas. Duarte presentó la iniciativa el 7 de abril, y se aprobó el jueves pasado. La exposición de motivos no tiene desperdicio, es de colección para la enciclopedia de la desvergüenza. Escribe el vulgar ladrón: “la corrupción es un flagelo que lastima de manera amplia y dolosa al ciudadano, pues éste, cuando ejerce su voto, lo hace depositando su confianza en el servidor público que está eligiendo, así como espera que éste desarrolle y logre las propuestas que presente, y un punto medular para alcanzarlo es rodearse de colaboradores que lleven a cabo el desempeño de sus funciones, lejos de la órbita de la corrupción, este mal de males que es el engendrador de otros muchos males dentro de la sociedad, a veces comparado con un cáncer que carcome las instituciones desde su interior hasta finalmente afectar en la esfera jurídica del gobernado”.
Ahora sí que, si Duarte nos asegura que la firmó sin leerla, se la creemos completa. Ahí le va otro párrafo para cuando se encuentre en alguna bochornosa noche de verano y quiera divertirse: “la corrupción no es un fenómeno aislado… se constituye en la acción u omisión de un servidor público que abusa de su poder para favorecer intereses particulares, a cambio de una recompensa o de su promesa, dañando así el interés público… Afecta el presupuesto de las familias mexicanas, distorsiona la adecuada distribución del ingreso, disminuye la legitimidad de Estado y genera desigualdad y discriminación en el disfrute de los derechos humanos…” señala la iniciativa.
El flagelo de la corrupción es justo el que ha contribuido a que Chihuahua sea una de las entidades más endeudadas del país y en donde más se ha elevado la pobreza extrema.
La iniciativa de Duarte no es más que una muestra de cuando se instala la desvergüenza con la que se ha conducido estos años, además una medida electorera. Ni tarde ni perezoso, el candiduarte del PRI Enrique Serrano, lanzó aplausos a la nueva ley. La doble tomadura de pelo: “Aplaudo un acto de esta magnitud. Siempre es digno de destacarse los esfuerzos que se realizan por trasparentar las finanzas públicas, la creación de la Fiscalía Anticorrupción por parte del Congreso del Estado. Es un gran paso para combatir la corrupción”.
Estas declaraciones, estas medidas cosméticas me remiten a la aseveración del Presidente Enrique Peña Nieto, que habló hace varios meses de que la corrupción es de orden cultural y quizá lo que quiso decir el primer mandatario es que es una cuestión de orden cultural del Partido Revolucionario Institucional, para muestra basta un botón; justo esta semana en el Senado de la República ha estado entrampada la discusión de las leyes en materia anticorrupción, debido a que el PRI y su inseparable aliado el PVEM, se han rehusado a discutir, ya no digamos a aprobar, la legislación. Emilio Gamboa Patrón, coordinador de la bancada del PRI y principal protector de César Duarte, ha adelantado, respecto de la denominada Ley 3 de 3, que su bancada no la avalará en sus términos pues ésta pretende desatar una “cacería de brujas” y que hay elementos de la propuesta que “van a lastimar a la sociedad mexicana”.
Lo que los priistas, incluidos el gobernador y su candiduarte Serrano, no terminan de entender que lo que lastima a la sociedad es precisamente ese cinismo, esa simulación con la que se empeñan en mantener la corrupción y el pacto de impunidad con el que se decidió esa candidatura.
La gran exigencia en Chihuahua es justicia frente al saqueo, el abandono y la corrupción. Lo que los ciudadanos urgen son gobiernos honestos. Hoy por hoy Chihuahua requiere de un gobierno que tome como su compromiso prioritario el combate frontal a la corrupción, problemática que ha llevado a funcionarios públicos al extremo de aliarse con el crimen organizado, llegando a tener un estado delincuencial y cínico, sumiendo a cientos de familias en el dolor por la pérdida violenta de un ser querido y por las innumerables desapariciones forzadas.
Es tiempo de un gobierno abierto que abran las puertas a la participación ciudadana a través de la transparencia y la rendición de cuentas, que combata la impunidad que propicia tanto la delincuencia “callejera” (en la que incluimos la organizada) como la delincuencia de “cuello blanco” o “crimen corporativo”, que va desde los desvíos del erario público hasta facilitar todo tipo de ganancias a privados sin importar que se perjudique el bienestar de la sociedad y la salud de nuestro pueblo.
Es necesaria sí, una Fiscalía Estatal Anticorrupción pero autónoma, en donde no intervenga el gobernador del estado, ni esté supeditada a las cuotas partidistas. Urge también un Comité Estatal Anticorrupción en donde esté garantizada la participación de la representación social organizada.
Lo que en suma requerimos es combatir ‘de a deveras’ la corrupción de los servidores públicos mediante instrumentos institucionales y legales que permitan detectar, denunciar, investigar y sancionar todo tipo de conductas ilícitas en el aparato de gobierno. Sí, ya sabemos que estamos en tiempos electorales, pero ni en ésta época la gente acepta el atole con el dedo.
