TV Azteca pedirá ayuda para pagar sus deudas. Mareada y ensangrentada, intentará entrar en concurso mercantil. Si bien todavía no está muerta, se acogerá a un recurso último de reanimación.

Las razones que la empresa invoca para iniciar la maniobra son limitadas y frecuentes. Nada hay de extraordinario en ellas.

La primera causa, dicen, es el pago de la concesión, aunque mañosamente la llamen licencia. Tras años de aprovechar un bien que no le pertenece —las frecuencias del espectro radioeléctrico, que pertenecen al Estado y, en última instancia, a todos nosotros—, el concesionario condena el costo de su privilegio.

El segundo detonante es la pandemia del año 2020. Aquella crisis universal pretende ser presentada por TV Azteca como asunto particular, a pesar de que todos la atravesamos.

La tercera causa de los apuros financieros de la televisora es el reciente pago de impuestos al SAT. Es decir, que una obligación común, que todos asumimos en tiempo y forma, en manos de Azteca —pese a los descuentos y los pagos diferidos— adquiere la condición de excusa.

Para la empresa adquirida por Salinas Pliego con un préstamo de Raúl Salinas —préstamo que después intentó no pagar—, el pronóstico no es despejado. Su destino inmediato depende de que una jueza de concursos mercantiles admita el procedimiento. Para ello, TV Azteca deberá exhibir sus estados financieros de los últimos tres años. Al fin los conoceremos: el concurso mercantil es un proceso público. También deberá exhibir un plan de conservación que pruebe que la empresa puede seguir andando.

Un plan serio para los acreedores exigirá, entre otras cosas, comportarse como un medio de comunicación responsable y no como un artefacto de vil golpeteo.

Con la sola admisión de la solicitud de concurso mercantil, TV Azteca podría acceder a un breve paréntesis legal: suspensión de pagos y cese de ejecuciones. Según el criterio judicial vigente, esas salvaguardas deben concederse estrictamente a TV Azteca y no extenderse, como escudo personal, a Salinas Pliego ni al resto de su constelación.

Si el concurso avanza —si la autoridad coincide en que la empresa está en apuros—, el procedimiento será admitido y TV Azteca tendrá hasta un año para llegar a un acuerdo con sus acreedores. De no lograrlo, estará en quiebra.

Para TV Azteca se anuncian tiempos aciagos. Al tratarse del concurso mercantil de una empresa concesionaria de un servicio público, el proceso exigirá la intervención activa de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones. Esta designará al conciliador que acompañará a la refunfuñante televisora durante el concurso; podrá vetar el acuerdo con los acreedores; y, en última instancia, separar a su administración y tomar posesión de sus bienes. Todo eso está sobre la mesa.

Por otro lado, no hay que perder de vista que lo que empolla TV Azteca no parece un asunto doméstico. Iniciado el procedimiento, el magnate podrá intentar ampararse en el Capítulo 15 de la Ley de Quiebras de Estados Unidos para protegerse en aquel territorio. Allá es donde la televisora mantiene deudas hasta por 10 mil millones de pesos.

La historia de Salinas Pliego ha sido la misma desde su principio. Lo hemos visto prosperar, una y otra vez, al amparo del poder. Sin ese andamiaje no es nada.

Lo vimos con la adquisición de la televisora. Se reiteró con el caso Unefon. Volvió a suceder con Fertinal. Es el hilo del pecado, en el que Ricardo Benjamín va ensartando, cuenta a cuenta, los fraudes al Estado.

Ricardo Salinas ha probado notable destreza para los negocios turbios y una torpeza persistente para administrar. Donde hay andamios, él dinamita.

Que no intente luego persuadirnos de que una televisora lo rebasa, pero que el Estado —entidad infinitamente más compleja— estaría mejor en sus manos. Si Ricardo Salinas no ha sido un buen empresario, entonces no ha sido nada en absoluto.

De quien hablamos, en rigor, es de un pésimo administrador.