Nuevas investigaciones revelan que militantes priistas fungieron como accionistas de empresas fantasma y cobraron cheques para blanquear los recursos desviados del Gobierno de Chihuahua en 2016
El viernes 8 de abril de 2016, Jesús Huerta Morales amaneció millonario. La empresa Publicidad Icon S. A. de C. V., para la que no trabajaba, le había girado dos cheques por cinco millones de pesos cada uno. A varios kilómetros de él, la misma suerte sonreía a Rosa Garza López, a la que Constructora Invelco S. A. de C. V. le giró también sendos cheques por cinco millones cada uno. ¿Por qué esas dos empresas, que fueron creadas exactamente el mismo día hacía ocho meses, les habían enviado tanto dinero? Huerta Morales y Garza López solo tenían en común una cosa: ser militantes del Partido Revolucionario Institucional (PRI), él registrado en Puebla, en el centro del país, y ella en Coahuila, al norte. Su fortuna, sin embargo, duró solo unas horas. Ese viernes endosaron los cheques para que los cobraran, el mismo día, dos policías del Estado de México: Maximiliano Montoya Benítez y Ernesto Fernández Mora. Quizá ninguno de los dos militantes del PRI sabía —o sí— que el dinero que pasó efímeramente por sus manos fue producto de uno de los mecanismos de corrupción política más sofisticados ideado por su propio partido: la Operación Safiro, mediante la que fueron desviados, al menos, 250 millones de pesos del presupuesto público en el Gobierno del priista Enrique Peña Nieto (2012-2018) con el objeto de utilizarlo en el financiamiento ilícito de campañas electorales.
Los policías cobraron en ventanillas bancarias, el mismo viernes 8 de abril, ocho cheques por una suma de 40,8 millones de pesos. Esos cheques fueron girados directamente por compañías fantasma implicadas en la Operación Safiro o endosados por terceras personas designadas por las propias empresas, como los militantes Huerta Morales y Garza López. Otros 213,8 millones de pesos llegaron a la cuenta en Bancomer de una última compañía, Sepsa Servicios Integrantes S. A. de C. V., tras circular durante dos meses entre una red de 20 empresas y casas de bolsa. Al final de la cadena, Sepsa solicitó al banco el retiro de sus recursos, a fin de que fueran dispuestos en diferentes bóvedas para que más personas pudieran ir a sacar el dinero en efectivo y así borrar, por fin, todo rastro de los fondos desviados. Los titulares de las cuentas bancarias de Sepsa, la gran depositaria final de los recursos, eran otros dos militantes del PRI de bajo perfil: Gerardo Sánchez Ríos, de Durango, y Luis Martín Escalante Lugo, de Sinaloa.
No fueron los únicos integrantes de la base del PRI involucrados en la Operación Safiro. Una nueva investigación del Instituto Nacional Electoral (INE), elaborada por la Unidad Técnica de Fiscalización a lo largo de seis años, ha logrado establecer, por primera vez, que el partido prestó su estructura política para posibilitar el desvío y blanqueo de recursos. Desde sus militantes de a pie hasta un dirigente nacional participaron en la operación. También se demostró que desde las cuentas bancarias del tricolor salieron pagos a empresas que formaron parte del sistema de blanqueo.
Hasta hoy, solo un puñado de políticos y exfuncionarios menores ha sido procesado por este caso que involucró a tres bandas a la Secretaría de Hacienda federal, al Gobierno de César Duarte en el Estado de Chihuahua y al PRI; otros implicados han sido asesinados o han muerto en circunstancias extrañas, mientras que las grandes cabezas del mecanismo de corrupción —altos miembros del Gobierno federal y del partido, según testimonios recabados por las fiscalías— gozan de impunidad.
Los nuevos hallazgos de la Unidad Técnica de Fiscalización del INE arrojan escrupulosos detalles de cómo el partido más longevo de México (está por cumplir un siglo de existencia) logró esfumar 250 millones de pesos hace siete años. A pesar de ello, una mayoría de consejeros electorales decidió, en la sesión del Consejo General del 30 de marzo, no sancionar al PRI, ya que, según el razonamiento de la mayoría del pleno —siete votos contra cuatro—, no hay certeza de que los recursos, una vez convertidos en dinero líquido, hubieran ido efectivamente a parar a las cuentas del partido o a sus campañas electorales. La minoría de consejeros argumentó que la intención del tricolor fue precisamente impedir la trazabilidad del dinero. Morena ha impugnado la resolución del Consejo General ante el Tribunal Electoral federal, que podrá ratificar la decisión del INE u ordenarle castigar al partido.
Por este asunto, el PRI se podría hacer acreedor a una multa de 500 millones de pesos, el doble del dinero público comprometido, lo que representaría una de las sanciones más grandes de su historia después del Pemexgate. Con las elecciones presidenciales y legislativas de 2024 en puerta, un castigo de esa magnitud dañaría no tanto las finanzas como la credibilidad del tricolor, que intenta presentarse ante los ciudadanos como una alternativa al Gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Significativamente, ni el PAN ni el PRD, que en su momento denunciaron la Operación Safiro, impugnaron la resolución del INE. Pero esto tiene una explicación: alguna vez enemigos, ambos partidos son ahora aliados políticos del PRI. Mientras el Tribunal Electoral resuelve, los analistas advierten del peligro de que este gran caso de corrupción quede impune pese a las evidencias que apuntan a una participación activa del tricolor.
Militantes de un fraude
En 2016, el Gobierno de Chihuahua recibió de la Secretaría de Hacienda federal, a cargo de Luis Videgaray, uno de los colaboradores más fuertes de Peña Nieto, una transferencia millonaria con la promesa de que el dinero sería invertido en educación pública. En un solo día, el 7 de abril, 246 millones de pesos fueron desviados a través de cuatro empresas fantasma constituidas en la misma semana, en la misma notaría y prácticamente con los mismos accionistas: Samex, Sinnax, Sisas y Despacho de Profesionistas Futura. Otra parte, cuatro millones de pesos, fue pagada días después a la empresa Jet Combustibles S. A. de C.V.
La Fiscalía de Chihuahua, que comenzó a desentrañar la Operación Safiro a finales de ese año, tras la derrota del PRI en ese Estado, concluyó que el esquema de desvíos fue concebido y llevado a cabo por Alejandro Gutiérrez, La Coneja, a quien el poderoso Manlio Fabio Beltrones había designado como su operador en la dirigencia nacional del partido. El dinero, una vez depositado en las “empresas principales” —como se les llama en el expediente del INE—, fue transferido entre abril y junio de 2016 a otras “subempresas”, que a su vez se enviaron los recursos entre ellas mismas, hicieron traspasos a sus propias cuentas o giraron cheques para su cobro en efectivo. De hecho, los cuatro cheques girados a los priistas Huerta Morales y Garza López —y que fueron cobrados por los policías mexiquenses— provenían de un pago de 46 millones de pesos del Gobierno de Chihuahua a la empresa Sisas por un contrato para la supuesta impartición de cursos a maestros sobre medio ambiente. Al día siguiente de recibir la transferencia, Sisas depositó parte de los recursos a las “subempresas” Constructora Invelco y Publicidad Icon, que horas después giraron los cheques a los militantes del PRI.
Otra de las compañías principales que recibió recursos desviados del Gobierno de Duarte, Despacho de Profesionistas Futura —se le pagaron 90 millones de pesos por un software que nunca fue entregado—, tenía como accionistas a otros dos priistas, según documentó el INE en su investigación: José Manuel Ramírez García y María Martha García Hernández, que estuvieron afiliados al PRI hasta enero de 2020, cuando el partido los depuró de su padrón de militantes (García Hernández fue militante desde 1965).
Después del complejo camino de blanqueo, gran parte de los recursos llegó a las bóvedas de Sepsa en Bancomer, donde los priistas Sánchez Ríos y Escalante Lugo eran titulares de cuenta.
La madriguera de La Coneja
La Operación Safiro tuvo lugar mientras Beltrones era líder del PRI. El mandamás del partido nombró secretario general adjunto a La Coneja. Este operador, a la vez que cumplía funciones de dirección en el partido, era accionista de la empresa Jet Combustibles, que recibió un depósito de cuatro millones de pesos del Gobierno de Duarte para la supuesta elaboración de manuales. Para la Fiscalía estatal, ese pago fue algo así como una compensación por los buenos oficios del operador priista. Esta historia no es nueva. Gutiérrez fue detenido y sentenciado en 2019 a seis años de prisión domiciliaria. No obstante, en febrero de este 2023 un tribunal estatal revocó la sentencia y lo puso en libertad, dos años antes de que concluyera su condena. Alejandro Gutiérrez es, a los ojos de la Justicia de Chihuahua, inocente.
Pero ese no fue el único desvío en el que participó el hombre de confianza de Beltrones. Hubo otros que formaron parte de la Operación Safiro y por los que Gutiérrez no ha sido llevado ante la justicia, según demuestra la investigación del INE. A partir de aquí conviene dividir la exposición en dos partes breves. La primera —partiendo siempre del expediente— demuestra que el entonces secretario adjunto del PRI no solo cobró una compensación del Gobierno de Duarte, sino que puso a disposición sus compañías para el blanqueo del dinero. La segunda parte revela que desde las cuentas bancarias del PRI, durante la dirigencia de Beltrones, se hicieron pagos a empresas que a su vez se vincularon con Safiro. El nodo que une las dos partes es La Coneja.
Parte A: Además de Jet Combustibles, la Coneja era accionista de otras dos compañías: Crec Desarrollos S. A. de C. V. y Norte de Coahuila S. de P. R. de R. L. La primera, Crec Desarrollos, fue constituida en abril de 2016, el mismo mes en que se efectuaron los desvíos desde Chihuahua. Esa empresa recibió en mayo y junio de 2016 varios depósitos que suman 36 millones de pesos de parte de Samex —una de las compañías que cobró directamente del Gobierno de Duarte— y de otras dos “subempresas” por las que circuló el dinero: Consultora Franfeca y Constructora y Abastecedora Cofex. Al final de la cadena, como se sabe, esos y otros recursos terminaron en las bóvedas bancarias de Sepsa.
Parte B: Además, el 31 de mayo, Crec Desarrollos recibió dos transferencias de parte de dos compañías cuya participación en Safiro no se conocía: Desarrollos Mecatrónicos Catam S. A. de C. V. y Recode Comunicación Integral Mexicana S. A. de C. V. Tan solo Catam le hizo un envío de 1,3 millones de pesos.
Días antes de transferir a Crec Desarrollos, Catam obtuvo el 20 de mayo un depósito del Comité Ejecutivo Nacional del PRI —del que Gutiérrez era secretario general adjunto, recuérdese— por un monto de 2,8 millones de pesos. El pago fue por un contrato de “Gestión de comunicaciones para asegurar el flujo de información a diversas bases de datos”. El INE detectó que la dirigencia de Beltrones hizo otros seis depósitos a Catam entre el 6 de abril y el 2 de junio (la jornada electoral en Chihuahua fue el 5 de junio). El expediente no especifica a cuánto ascendieron esos depósitos, pero sí revela que la accionista y representante legal de esa empresa, Sonia Rodríguez Villarreal, está afiliada al partido desde junio de 2011. A diferencia de otros militantes depurados del padrón priista, Rodríguez Villarreal continúa activa.
La investigación del INE agrega que tanto Catam como Recode —que hicieron transferencias a Crec Desarrollos en mayo— recibieron en junio depósitos de parte de Norte de Coahuila, la otra compañía de La Coneja. La autoridad electoral no aclaró de cuánto fueron estos pagos.
Impunidad pese a todo
Los analistas han criticado la decisión del INE de no sancionar al PRI a pesar de que su propia Unidad Técnica de Fiscalización aportó un enorme cúmulo de pruebas que demuestran el grado de implicación del partido en la Operación Safiro. Siete de 11 consejeros votaron en contra de castigar al tricolor, entre ellos Lorenzo Córdova, que estaba a días de dejar la presidencia del instituto.
Alfredo Figueroa, que fue consejero del INE, sostiene que la mayoría del Consejo General que bloqueó la sanción exigió un requisito imposible de cumplir: demostrar que el dinero desviado retornó al partido. “O sea, sí hay un desvío de recursos del Gobierno del Chihuahua, y estos recursos además provienen del Gobierno federal, ¿pero luego se dispersan en quién sabe dónde, quién sabe para qué, aunque son todos priistas?”, cuestiona. “No puedes exigir, en un caso de corrupción en el ingreso de recursos públicos, la prueba inequívoca de que el dinero entró a las arcas de un partido político. Eso es absurdo. Quien fija eso como estándar de prueba está simplemente inhabilitando la posibilidad de que la fiscalización se lleve a cabo. Porque los recursos ilegales no entran a las arcas legales de los partidos, a sus cuentas centralizadas; entran en maletas de dinero, entran en pago de operación terrestre, entran en pago de medios de comunicación de manera ilegal. Entran de distintas formas, en un periodo específico y para un propósito específico”, señala.
El exgobernador de Chihuahua Javier Corral (2016-2021), en cuya gestión la Fiscalía estatal comenzó a desentrañar la Operación Safiro, considera que la decisión del INE sugiere que en México el combate a la corrupción es selectivo. “Es muy frustrante que una de las mayores investigaciones que se ha hecho en México para comprobar el modus operandi del desvío de recursos públicos a campañas políticas haya encontrado la inacción y la absoluta complicidad”, afirma. “Es un mensaje muy duro para la sociedad, pero sobre todo para quienes creemos y luchamos en el combate a la corrupción sin excepciones y hasta sus últimas consecuencias. Porque desmotiva, porque terminan todos estos esfuerzos no solo en una inutilidad práctica, sino en una zona de altísimo riesgo para quienes tomamos este empeño y estas decisiones. Te tienes que volver a preguntar: ¿tenía sentido arriesgarnos a tanto? Porque en esto nos va la vida”, añade.
La politóloga Lourdes Morales afirma que se asientan incentivos para que continúen los desvíos de recursos en el país. “Debido a la actuación de las autoridades encargadas de investigar y sancionar volvemos otra vez a un contexto de impunidad. Significa que en México no se sancionan los grandes casos de corrupción, porque hay una red de complicidades en donde los que están en el poder también están implicados”, critica.
