Comparto mi intervención en el Senado sobre la reforma para poner fin a las pensiones de privilegio. Esta propuesta no elimina el derecho a la pensión ni a la jubilación: lo que establece es un límite constitucional razonable a su monto, en congruencia con el principio republicano de que nadie puede recibir del erario una remuneración mayor a la de la persona titular del Ejecutivo federal. El derecho subsiste; lo que se corrige es el exceso financiado con recursos públicos.