El Poder Legislativo entregó al país una mejor ley en materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, dando prueba de la importancia de escuchar al otro y sin prejuicio, de revisar el trabajo ante inquietudes legítimas, aleccionando que hacer una pausa y volver a arrastrar el lápiz, es válido cuando alcanzar los objetivos, es la meta.

Señalé al inicio del proceso de reconfiguración de la Iniciativa original, que, la empatía y sensibilidad de la presidenta Claudia Sheinbaum, para ampliar el análisis y corregir aquello que debiera corregirse, no sólo fue fundamental, sino daba muestra de su voluntad política, en la que me reconozco y celebro.

Este nuevo marco legal es resultado también de 89 voces ciudadanas que participaron en cinco conversatorios convocados por el Senado de la República. Agradezco a sus participantes su confianza y estoy seguro de que la mayoría ve reflejadas sus propuestas en esta nueva Ley.

La norma transforma anhelos en nuevas reglas que permitirán estar más cerca de hacer posible, el añejo propósito de encontrarle a estos sectores la cuadratura al círculo.

En materia de radiodifusión, la ley impulsa, como ninguna otra legislación lo ha hecho, a los medios sin fines de lucro: sociales, comunitarios, indígenas y afro mexicanos. Atajando fenómenos de simulación, y dándoles una viabilidad financiera y económica que equilibre el modelo mercantil y comercial que ha imperado por décadas.

Soy un convencido que esas voces diversas y locales del México profundo, pueden ser las principales aliadas en la atención a las causas que la Cuarta Transformación se ha propuesto priorizar, y frente a las amenazas mundiales, pueden convertirse en el mejor instrumento para reforzar la identidad nacional.

La cercanía y confianza que han construido con sus audiencias les dota de una legitimidad natural que les permite poder incidir y reorientar el cauce que en ocasiones algunos jóvenes emprenden en muchas de estas regiones, y redireccionar hábitos y costumbres que dañan su salud o al planeta.

Destaco que se incorpore en esta norma, nuevos mecanismos de financiamiento a los medios sin fines de lucro, porque esta apertura de posibilidades brindará opciones para su sostenibilidad, sin desorientar sus fines.

Se incorpora la venta de publicidad de productos, bienes o servicios locales, hasta el 3% del tiempo total de transmisión, ahora pueden recibir recursos provenientes de entidades públicas para la generación de contenidos programáticos distintos a la comercialización y se establece que los entes públicos federales, destinen anualmente entre el uno y 10% de sus respectivos presupuestos, para servicios de comunicación social y publicidad, monto que se asignará de manera prioritaria a concesiones comunitarias, indígenas y afromexicanas del país.

Esto hará posible y viable producir narrativas que abonen a las distintas campañas y su objetivo comunicacional, y no hacerlos sólo emisores de spots gubernamentales.

Uno de los mayores avances, en cualquier época de la radiodifusión social, es que ahora se facilita el acceso al espectro radioeléctrico a los medios de uso social, eliminando trabas y requisitos innecesarios.

La norma entiende que los medios indígenas y afromexicanos son una extensión de la manera en que se organiza esta población, no son entidades ajenas a su identidad y menos a sus usos y costumbres, no persiguen un fin lucrativo, sino sostener los intereses de su comunidad.

En el Año de la Mujer Indígena, esta ley es coincidente y garantiza que los pueblos y comunidades indígenas, en su carácter de sujetos de derecho público, reconocidos en el art. 2o de la Constitución y los instrumentos internacionales en la materia.

En materia de radiodifusión pública, la ley reincorpora sus principios: independencia editorial, autonomía de gestión financiera, garantías de participación ciudadana, reglas claras para la transparencia y rendición de cuentas, defensa de sus contenidos, opciones de financiamiento, pleno acceso a tecnologías y reglas para la expresión de diversidades ideológicas, étnicas y culturales.

La televisión sigue siendo el principal medio por el que se informa la población del país y esta ley se hace cargo de ello, recuperando los derechos de las audiencias. El rescate no es menor, esta ley implementa elementos que fortalecen la figura de los defensores de audiencia, para transitar de figuras decorativas, a garantes de derechos. Cada concesionario o concesionaria que forman parte de un grupo empresarial ahora contará con una defensoría propia.

Entre estos derechos de las audiencias, se incorporan también diversos derechos para personas con discapacidad, se determina que, por ejemplo, las páginas de Internet o aplicaciones elaboradas por alguna autoridad gubernamental sean creadas con base en un diseño universal e integren funciones de accesibilidad para esta población.

La desigualdad sigue siendo el gran problema del país, por ello, las consecuencias de no acortar ahora la brecha digital, pueden ser devastadoras. Esta norma da insumos para que el Estado afronte este fenómeno, evitando así que la inacción produzca rezagos, que después sean más complejos contener.

La iniciativa garantiza a todo México el derecho a Internet, como el gran habilitador de otros derechos fundamentales. Incorpora disposiciones que permiten establecer obligaciones específicas vinculadas a la cobertura territorial y la calidad de los servicios, lo que evidencia el compromiso estatal de cerrar rezagos históricos y garantizar que la conectividad llegue a las zonas marginadas, donde la desigualdad digital perpetúa otras formas de exclusión social.

El estado podrá por vez primera brindar servicios de telecomunicaciones, a través de una empresa pública y contribuir así, en la provisión del servicio de Internet.

Se modifica la participación del Estado en concesiones de uso comercial, para que no haya espacio de interpretación de violación al T-MEC, se impone que el Estado compita en igualdad de condiciones y se asegure el Principio de Neutralidad a la Competencia.

La empresa estatal prestará servicios a precios asequibles en zonas donde los operadores no llegan y proveerá Internet gratuito en sitios públicos a lo largo del territorio, un esfuerzo sin precedente para garantizar el derecho de acceso a Internet a los más desprotegidos.

Nada puede ser más contrario a la censura, que expandir Internet. Aprovecho para recordar que esta propuesta eliminó todos los artículos de la versión anterior que fueron señalados como intentos de ella.

Con el fin de promover la compartición de infraestructura y el aprovechamiento de los bienes del Estado, cualquier concesionario podrá instalar infraestructura en bienes del Estado para desplegar redes públicas de telecomunicaciones y radiodifusión.

La interconexión que únicamente podía ocurrir, por razones políticas y no técnicas, entre concesionarios comerciales y no con operadores sociales y públicos desaparece, esto incrementará la cobertura y mejorará los servicios.

La Ley abre espectro para pequeños operadores que jamás lo hubieran imaginado, como radioaficionados para actividades de investigación e industria, reconociendo así a quienes juegan un papel crucial en situaciones de emergencia.

Este marco normativo representa un esfuerzo estratégico para actualizar el uso de mecanismos de licitación pública basados en criterios de mercado.

Los nuevos procesos incluyen medidas para aumentar la competencia, como la priorización de nuevos participantes, la imposición de límites a la concentración de espectro y la incorporación de incentivos para ampliar la participación.

Se establece un nuevo esquema de contribuciones para disminuir el costo del espectro, los operadores privados tendrán acceso a descuentos en el pago de espectro, a cambio de llevar conectividad a carreteras, caminos y zonas prioritarias; se posibilitan descuentos o exenciones para pequeños operadores para facilitar su participación en el sector y puedan llegar a comunidades apartadas.

Con este instrumento se busca sentar las bases de la política en telecomunicaciones y radiodifusión en el país, fomentando la homologación para el despliegue de infraestructura, estableciendo criterios para su soterramiento, fijando reglas para el acceso a ésta, así como a la comunicación vía satélite.

El esfuerzo por armonizar fines, brindando certidumbre a la inversión sin perder la rectoría del Estado, no tiene precedente.

Durante los conversatorios, diversos actores coincidieron en advertir los riesgos significaba dejar la regulación de este importante y estratégico sector en manos de una autoridad unipersonal; por ello, la mayor transformación del dictamen fue configurar una nueva autoridad reguladora a partir de un órgano colegiado, con independencia técnica de gestión y operación como la máxima autoridad para resolver sobre concesiones de espectro y de recursos de Internet, radio, televisión y satélites, y así, ponderar la deliberación técnica y no política.

El registro de usuarios de telefonía móvil es eliminado, las personas solo se identificarán ante el operador, no ante el gobierno, y sólo al comprar un chip, a fin de garantizar que cada línea esté asociada a una persona.

A su vez, se atienden y protegen los derechos de los consumidores de servicios de telecomunicaciones, poniendo fin al abuso de los operadores, quienes, sin consentimiento de sus usuarios, se permitían cambiarle de modalidad el plan a su conveniencia.

Se incorporan disposiciones para garantizar la transversalidad de la perspectiva de género, para que las mujeres y niñas accedan a las telecomunicaciones en las mismas condiciones.

Por todo ello, afirmo que esta propuesta pondera una visión social, y no, como históricamente ocurría, en beneficio sólo de los grandes consorcios.

En toda ley siempre hay descontentos, y más si involucra intereses tantos ámbitos y actores, lo que puedo asegurarles es que hicimos un gran esfuerzo por recuperar la mayor cantidad de propuestas y anhelos de la larga data, y como señalo, hoy el país tiene una ley que, sin abandonar sus objetivos fundamentales, es más sólida, clara, justa e incluyente.