Una ley de esta envergadura necesita una revisión cuidadosa. Al iniciar la Mesa 3, señalé que las fortalezas de la iniciativa deben preservarse y dotarse de eficacia normativa. Frente a penas de hasta 70 años de prisión, definir el feminicidio con absoluta claridad es indispensable para fortalecer su investigación y acreditación, sin interpretaciones arbitrarias ni trasladar a las víctimas cargas probatorias indebidas.
Les comparto mi participación durante esta jornada en el Senado de la República.
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