El régimen retiró a inicios de año la nacionalidad a más de 300 opositores, activistas y periodistas.
El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo concretó este lunes la confiscación de la casa de la escritora Gioconda Belli en Managua. Oficiales de policía y de la Procuraduría General de la República (PGR) ocuparon el inmueble siete meses después que la poeta fuese despojada de su nacionalidad nicaragüense junto a más de 300 presos políticos, opositores, activistas y periodistas.
Belli y el resto de opositores, entre ellos el también escritor Sergio Ramírez, fueron declarados traidores a la patria y el despojo de su nacionalidad vino aparejada con la confiscación todos sus bienes. Aunque el régimen ya había iniciado la identificación de las propiedades de algunos de los desnacionalizados, consuma las confiscaciones poco a poco.
“He perdido muchas cosas pero no me harán perder mi dignidad. Sin embargo, los acuso y denuncio por hacer, guiados por su ambición y ceguera vengativa, tal cantidad de males contra el país que les auguro el terrible pero bien merecido fin que sufren los tiranos”, dijo Belli a EL PAÍS. “Mi casa se llenará de fantasmas y no habrá ser que la habite que pueda ser feliz en ella”, agregó.
Junto a la propiedad de Belli, ubicada en Carretera Sur, sobre una loma que brinda una vista al Lago Xolotlán, también fue confiscada la vivienda de Camilo Castro Belli. Él es periodista, documentalista e hijo de la escritora. Actualmente, está exiliado en Costa Rica junto a su esposa, la también documentalista Leonor Zuñiga.
Al igual que su mamá, de Castro Belli fue despojado de su nacionalidad. El último film de Belli se llama Patrullaje y denuncia el expolio de la Reserva Indio Maíz y la industria extractiva de la ganadería en suelos indígenas cuyo principal Mercado es Estados Unidos.
En julio pasado, el régimen confiscó una casa de Sergio Ramírez ubicada en el municipio de Masatepe, donde funcionaba la Fundación Luisa Mercado que dirigía el Premio Cervantes.
Las confiscaciones son uno de los últimos métodos represivos de los Ortega-Murillo para acallar las voces críticas. También se conoció la confiscación de la vivienda de Gonzalo Carrión, abogado defensor de derechos humanos, exiliado en Costa Rica.
