La Operación Justicia para Chihuahua es presentada como un modelo nacional. Exhiben la persecución política de Maru Campos contra el senador.
La Operación Justicia para Chihuahua, encabezada por Javier Corral de 2016 a 2021, fue reconocida como un modelo nacional para el combate a la corrupción, durante la séptima Convención Nacional de Fiscales Anticorrupción, realizada en Cuernavaca, Morelos.
El senador y exgobernador, Javier Corral, fue el principal invitado en la inauguración de la Convención Nacional, con una intervención donde expuso los resultados de la Operación Justicia para Chihuahua y la criminalización del combate a la corrupción realizada en su contra.
En su mensaje, Corral explicó en qué consiste la iniciativa que próximamente presentará para crear una Ley General para Investigar y Sancionar los Delitos por Hechos de Corrupción, de acuerdo con lo ofrecido por la Presidenta Claudia Sheinbaum en su campaña.
Javier Corral fue el orador principal durante la inauguración de la Convención Nacional, en un reconocimiento a sus acciones para prevenir, investigar y sancionar la corrupción y sus redes.
Contexto: Juan Salazar Núñez, Fiscal Anticorrupción de Morelos y presidente de la Cumbre de la Convención Nacional de Fiscales Anticorrupción, destacó el papel histórico de Javier Corral y la persecución en su contra.
También exhibió el papel negativo del Fiscal Anticorrupción de Chihuahua, Abelardo Valenzuela.
“En el norte del país existe un Fiscal Anticorrupción que actúa por consigna, persiguiendo políticamente al senador, ex gobernador de Chihuahua”, dijo Salazar Núñez.
“Señor senador, es un privilegio tenerlo en Morelos, sea Usted bienvenido, senador Javier Corral, sin duda, su trabajo para crear una Fiscalía Anticorrupción, como la que hoy cuenta en Chihuahua, debe de ser para servir al pueblo, no para servir a intereses políticos”.
“Una Fiscalía fuerte, como la que Usted construyó, señor senador, debe ser ejemplo, debe de ser modelo, para tomar en cuenta, para construir fiscalías en un nuevo marco jurídico de fiscalías anticorrupción fuertes para servir a México”.
Sin embargo, el actual órgano anticorrupción de Chihuahua está “cooptado por una persona que responde a las redes de corrupción”, dijo Corral.
Detalles: El senador Javier Corral fue recibido en un ambiente de respeto y solidaridad por parte de los fiscales Anticorrupción del país, así como por la gobernadora Margarita González Saravia, por el extraordinario esfuerzo realizado en Chihuahua para combatir la corrupción.
Fue notorio que la mayoría de los fiscales del país tiene bien medido el papel del Fiscal Anticorrupción de Chihuahua, Abelardo Valenzuela.
Así como la simulación que hoy se vive en el estado, ante la corrupción de la gobernadora María Eugenia Campos Galván, blindada por un millonario gasto en medios.
Por qué es importante: El papel central otorgado al senador Javier Corral, durante la Convención Nacional de Fiscales Anticorrupción, reconoce su trabajo y al mismo tiempo exhibe la simulación de la gobernadora María Eugenia Campos Galván y su Fiscal Anticorrupción, Abelardo Valenzuela.
Ambos se han dedicado a otorgar protección e impunidad a César Duarte Jáquez y a su red de corrupción, que implica a la misma gobernadora como beneficiaria de la “nómina secreta”.
La Operación Justicia para Chihuahua: Durante su mensaje, Javier Corral narró que durante su gestión como gobernador de Chihuahua, tuvo “la responsabilidad y el privilegio de liderar una de las iniciativas más ambiciosas contra la corrupción en la historia reciente de nuestro país: la Operación Justicia Para Chihuahua”. Sus resultados fueron:
Se ejercieron 126 acciones penales contra 49 personas, incluyendo exfuncionarios, empresarios y otros actores clave en la red de corrupción.
Se obtuvieron 92 órdenes de aprehensión, 78 vinculaciones a proceso y 16 sentencias condenatorias.
Se recuperó más de 54.7 millones de pesos en reparación del daño y 1.17 millones en multas.
Se aseguraron 87 bienes inmuebles y se embargaron 52 más, con un valor total de 500 millones de pesos, incluyendo propiedades de alto valor como pent-house, residencias urbanas y ranchos (cuya suma de extensiones comprende aproximadamente 37,900 hectáreas).
Se confiscaron más de 3,541 cabezas de ganado, vehículos, maquinaria y otros bienes, valorados en 30 millones de pesos.
En el ámbito administrativo: Iniciamos 75 procedimientos sancionatorios, de los cuales 25 concluyeron en sanciones, incluyendo inhabilitaciones y multas.
En el ámbito fiscal: Se realizaron 151 auditorías que permitieron la recuperación, en cuentas de Gobierno del Estado, de 656 millones 076 mil 874 pesos, así como embargos de bienes por créditos fiscales por 629 millones 700 mil pesos.
Se detectaron 27 esquemas agresivos de evasión fiscal: la administración del ex gobernador César Duarte facturó 36 mil 366 millones de pesos a través de 519 empresas fantasma y 383 “proveedores”, entre personas físicas y morales.
Se emitieron 59 créditos fiscales por la cantidad de 1 mil 953 millones 298 mil 140 pesos, quedando 10 por una suma de 79 millones 063 mil 571 pesos.
En la recuperación de activos: Garantizamos la reintegración al patrimonio estatal de más de 1,450 cabezas de ganado y otros bienes confiscados.
Se logró definitivamente la recuperación de más de 10 inmuebles, incluyendo un rancho de 30,000 hectáreas y otros predios rurales de altas dimensiones.
De 2010 a 2016, durante la administración de César Duarte, fueron desviados más de 6 mil millones de pesos del erario de Chihuahua.
Propuesta para un Sistema Anticorrupción: “A partir de estas vivencias, y muchas más, que los asistentes también pueden compartir, es que resulta pertinente y oportuno hablar acerca de la necesidad de reforzar y redireccionar la estrategia anticorrupción de nuestro país”, gracias al interés de la Presidenta Claudia Sheinbaum, expuso el senador Javier Corral.
Propuesta de una Ley General para Investigar y Sancionar los Delitos por Hechos de Corrupción. Con el objetivo establecer una política de investigación y persecución uniforme en todo el país, enfocada en la eficacia para identificar y sancionar casos de corrupción, tanto a pequeña como a gran escala, que incluye como figuras principales:
Catálogo Único de Delitos y Penas. Homologar el catálogo de delitos y penas por hechos de corrupción en el país para asegurar su alineación con la realidad nacional y evitar la disparidad de criterios judiciales.
Política Nacional de Persecución Penal. Que diagnostique la problemática delictiva a nivel nacional, priorice casos y situaciones para su investigación, incorpore protocolos y criterios de actuación uniformes en el país, establezca mecanismos de evaluación del desempeño institucional y fije una estrategia articulada y eficaz para evitar la impunidad.
Fiscalías y Tribunales Anticorrupción. Garantizando un perfil altamente técnico y ético de sus operadores bajo un esquema reforzado de servicio civil de carrera y un fortalecimiento continuo de sus capacidades institucionales.
Diseño Orgánico Mínimo de las Fiscalías Anticorrupción. Que garantice un ejercicio efectivo de sus funciones, y, lo más importante, que estandarice las capacidades, funciones y desempeño en todo el país.
Sistema Nacional de Investigación y Persecución de Delitos de Corrupción. Que, con normas y criterios definidos, promueva la colaboración entre los estados y la federación, fomente la coordinación institucional, establezca objetivos comunes y estratégicos, facilite el intercambio de información y recursos, y coordine las acciones de investigación y procesamiento de casos de relevancia que rebasen las fronteras estatales y nacionales.
Investigación Penal Eficaz. Incorporar y regular herramientas de investigación especializadas que garantice una investigación eficaz en los delitos de corrupción. Entre estos: intervención de medios de comunicación privada, acceso a información fiscal y bancaria, inteligencia económica y patrimonial, auditoría forense, análisis de contexto, vigilancia electrónica y seguimiento de personas, agente encubierto, entrega vigilada y operaciones simuladas, colaboradores e informantes.
Facultad de Atracción de Delitos de Corrupción del Fuero Común por la Federación. Brindar la posibilidad de que la Fiscalía Federal y los Tribunales de la Federación atraigan casos de corrupción de alta relevancia e impacto social, conocidos por las entidades federativas.
Sistema de Inteligencia Anticorrupción. Uso de herramientas tecnológicas de avanzada para identificar, denunciar e investigar delitos por corrupción, así como plataformas de información para recopilar, procesar, asociar y compartir datos para fines investigativos en el país.
Esquema Nacional de Alertadores, Denunciantes y Colaboradores de Hechos de Corrupción. Fortalecer la cultura de la alerta y denuncia de hechos de corrupción, así como configurar esquemas premiales y mecanismos de protección a personas para impulsar la participación de denunciantes, testigos y colaboradores mediante recompensas, reconocimiento, beneficios legales y punitivos. Incluyendo servidores públicos dedicados al combate a la corrupción.
Participación del Denunciante y Particular en el Procedimiento Penal. Reconocer a las personas que demuestren un interés legítimo su participación en el procedimiento penal en delitos por hechos de corrupción.
La Recuperación Efectiva de Activos. Establecer un nuevo marco legal para recuperar activos relacionados con delitos de corrupción dentro del procedimiento penal, que contemple mecanismos ágiles, eficaces y respetuosos de los derechos humanos; y permita, además, garantizar una reparación integral del daño causado por los responsables, incorporando la figura del daño social (daño moral colectivo).
Responsabilidad Penal de Empresas. Introducir normas jurídicas que permitan y faciliten el enjuiciamiento y castigo a empresas involucradas en casos de corrupción.
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